La OIG identificó falta de competencia, una valoración incompleta del acuerdo y deficiencias en otros contratos tecnológicos
SAN JUAN, Puerto Rico
Un contrato otorgado por el Departamento de Salud por un pago nominal de $1 al año podría generar más de $9 millones para el proveedor mediante cargos de procesamiento pagados directamente por ciudadanos, según un examen divulgado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.
El análisis abarcó el periodo del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025 y examinó contrataciones relacionadas con Salud Digital y la plataforma Medicaid Information Technology Architecture, conocida como MEDITI3G.
En el caso de Salud Digital, la OIG señaló que el proveedor fue seleccionado sin un proceso competitivo. Aunque el contrato fijó en $1 la compensación anual del Gobierno, la empresa cobra cargos por procesar transacciones realizadas por los usuarios del servicio.
La Junta de Subastas y Adjudicación Fiscal estimó el valor real del acuerdo en aproximadamente $7.5 millones. La OIG, utilizando datos históricos de transacciones del sistema anterior, proyectó que el contratista podría recibir alrededor de $9 millones en cargos.
El examen también encontró que el proveedor solicitó información operacional desde febrero de 2025 y que personal del Departamento de Salud participó en esos intercambios antes de que el contrato se formalizara el 19 de mayo de 2025.
“La transformación digital del Gobierno debe estar acompañada de controles que garanticen transparencia, competencia y protección del interés público”.
Ivelisse Torres Rivera, inspectora general
La agencia fiscalizadora sostuvo que, cuando un servicio se financia mediante cargos directos a la ciudadanía, resulta indispensable calcular su valor económico total y documentar un proceso transparente.
La OIG también reportó deficiencias en contratos y enmiendas vinculados con MEDITI3G. El Departamento de Salud respondió a los señalamientos, pero la oficina mantuvo sus hallazgos.
El informe contiene ocho recomendaciones. Entre ellas figuran utilizar procesos competitivos, analizar si los cargos guardan proporción con el servicio, verificar certificaciones de cumplimiento y obtener las autorizaciones correspondientes de la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología.
El nuevo examen da continuidad a otros hallazgos de la OIG sobre contratación y fondos en Salud. El informe oficial puede consultarse en el portal de la OIG.
