San Juan, Puerto Rico (EFE) – Un hombre con ciudadanía rusa y moldava se declaró culpable de tres acusaciones por fraude e implementar programas maliciosos para piratear miles de dispositivos conectados a Internet, informó este martes la Fiscalía federal en San Juan.
Según detalló la Fiscalía en un comunicado, fueron agentes del FBI quienes desmantelaron la red que Sergei Makinin, quien presuntamente desde junio de 2019 a diciembre de 2022 desarrolló e implementó maliciosos programas para hackear miles de aparatos informáticos alrededor del mundo, incluyendo Puerto Rico.
A través de su esquema, Makinin infectó dispositivos electrónicos, permitiéndole el control como parte de su extensa «botnet», una red de dispositivos comprometidos.
De acuerdo con documentos judiciales, Makini infectó sistemas de operación Windows y posteriormente otros sistemas operativos Linux, Max y Android, y de una vez invadió aparatos en Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica.
Makinin, a su vez, controlaba los aparatos infectados para así ampliar la red bot.
El objetivo principal de la red era infectar los aparatos para convertirlos en servidores proxies como parte de un esquema de beneficio económico personal y tener acceso a sus páginas web proxx.io y proxx.net.
A través de páginas, Makinin vendió acceso ilegal a los aparatos infectados y controlados a otras personas, quienes entonces escondían los movimientos de Internet de las víctimas.
Según la investigación, esos presuntos clientes de Makinin podían pagar cientos de dólares mensuales para vigilar el tráfico de los movimientos.
En total, Makinin reconoció que generó al menos $550,000 del esquema.
«Esta investigación muestra que utilizaremos todas las herramientas legales a nuestra disposición para desbaratar a los ciberdelincuentes, independientemente de su ubicación», aseguró el fiscal federal del Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
Makinin se declaró culpable el pasado 18 de septiembre de las tres acusaciones por reconocer que intencionalmente estaba compenetrando ordenadores protegidos ilegalmente y causándole daño a sus sistemas operativos.
Cada cargo conlleva un máximo de 10 años en prisión.
El caso fue investigado por el Equipo Cibernético del FBI en San Juan en cooperación con la oficial legal de la agencia en Madrid y Santo Domingo, el Grupo contra Ataques Cibernéticos Nacional Española, la Interpol dominicana, la División de Crimen Organizado Internacional en República Dominicana, entre otras agencias.
