Por EyBoricua.com
“Mantener la confianza del pueblo en las instituciones de gobierno es un desafío constante que tenemos todos los que laboramos en el servicio público. Esa confianza se lacera cuando funcionarios públicos o relacionados, son acusados de delitos de corrupción. Como sociedad debemos rechazar todo comportamiento al margen de la ley, ya sea en el servicio público, en el sector privado, o en cualquier actividad», dijo en declaraciones escritas el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Esta mañana Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud (OIG-HHS) ejecutaron varias órdenes de arresto relacionadas a las pesquisas sobre los contratos otorgados por la Administración de Servicios de Salud (ASES) y al contratista de la firma de asesoría financiera BDO, Alberto Velázquez Piñol, así como en el Departamento de Educación.
Medios locales informan que la ex secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, fue arrestada en Washington, DC. Otras dos contratistas de la agencia, identificadas como las hermanas Mayra y Glenda Ponce, también fueron arrestadas. Fueron arrestados también la ex directora de ASES, Ángela Ávila, y el presidente de BDO, Fernando Scherrer.
«Como gobernador asumo la responsabilidad y el compromiso de combatir ese mal en todas las instancias, hasta lograr hacer de Puerto Rico un ejemplo de los valores y principios sobre los cuales se construya una sociedad más justa, digna y productiva. Reitero que nuestra administración no tolerará la corrupción y que todo aquel que falle a la confianza deberá pagar con todo el peso de ley. Asimismo, reitero el llamado de colaboración con las agencias de ley y orden que trabajan en estos casos”.
“La corrupción es reprochable en cualquier función gubernamental y tiene que ser combatida con fuerza. Mucho más aún cuando una compañía o individuo se beneficia o se lucra de los fondos para el Plan de salud de casi la mitad de la población. Esto es un crimen imperdonable y los responsables tienen que pagar por sus actos.
Desde hace tiempo el FBI investiga los contratos concedidos desde varias agencias del gobierno de la isla a la empresa de contabilidad BDO, entre ellas la Administración de Seguros de Salud.
En relación a este tema ha declarado esta semana dos días consecutivos el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona.
Ante un gran jurado federal compareció sobre la contratación el subcontratista de BDO Puerto Rico Alberto Velázquez, quien trabajó como consultor de ASES.
Las detenciones provocaron la reacción inmediata del gobernador, Ricardo Rosselló, que desde hace varias semanas ve como muchos de sus funcionarios son objeto de investigaciones federales y como las dimisiones desde que accediera al poder en 2016 superan la treintena.
La ex secretaria de Educación, detenida en Washington DC, dimitió el 1 de abril de este año, tras lo cual se supo que sus cuentas en una institución bancaria estaban siendo investigadas; posteriormente, el 24 de junio dimitió el secretario de Hacienda Raúl Maldonado, tras haber asegurado que era objeto de una extorsión y amenazas, así como una conspiración para que no siguiera en su puesto.
Dicha dimisión causó una encendida reacción por parte de su hijo, del mismo nombre, quien acusaba abiertamente al gobernador de la isla de presuntos actos de corrupción.
Rivera Schatz pide reunirse ‘inmediatamente’
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo por Facebook que «los arrestos efectuados hoy, constituyen una gran decepción y provocan coraje en nuestro pueblo. Los funcionarios honrados y decentes que laboran en el gobierno no deben ser penalizados por aquellos que nos han fallado a todos. Reconozco que a los arrestados les asiste la presunción de inocencia y me da mucha lástima con la familia de éstos. Confío que al final la justicia y la verdad prevalezcan».
Agregó que «es imperioso que el gobernador, nuestra Comisionada Residente, la mayoría legislativa, nuestros alcaldes y alcaldesas nos reunamos INMEDIATAMENTE para evaluar responsablemente y tomar acción sobre los eventos que están ocurriendo. Corresponde rendir cuentas y dejarlas claras, muy claras, ante el pueblo. Eso es lo que Puerto Rico exige y merece».
Reacciona Jennifer González
Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que las detenciones «van a crear una sombra en torno a la petición de fondos para Puerto Rico».
«Esto es un golpe a la gestión pública en la isla», dijo González.
Reacciona representante PPD
«Más vergonzoso aún es que el gobierno de Puerto Rico haya arrastrado los pies al no corroborar las denuncias sobre irregularidades en el proceso de licitación de VITAL que surgieron públicamente hace más de un año. En junio de 2018 radicamos la Resolución de la Cámara 1012 y nada pasó. Hoy el país tiene que pasar por la vergüenza de ver señalamientos y arrestos por alegaciones de corrupción en la utilización de fondos que estaban destinados a atender la salud de más de 1.5 millones de personas”, dijo el representante del opositor Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz.
