San Juan (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, convirtió en ley con su firma un total de 18 proyectos y resoluciones legislativas en medio del escándalo provocado por un chat de casi 900 páginas con burlas y insultos a mujeres, personas del colectivo LGBT y no afines a las políticas del Ejecutivo.
El Gobierno informó este viernes a través de un comunicado de que uno de los proyectos es en beneficio de los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico y otro para brindar más independencia a la Oficina del Inspector General.
Su firma se da en medio de las tensiones que vive la isla luego de la divulgación del contenido de una conversación en la aplicación de mensajería Telegram, en la que Rosselló, junto a varios miembros de su círculo íntimo, se mofaban e insultaban rostros locales conocidos.
Rosselló
El Proyecto de la Cámara 650, de la autoría de la legisladora Lourdes Ramos, permite que los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico ingresen al Seguro Social.
«Históricamente, los policías nunca han cotizado al seguro social. Por tal razón, estos servidores públicos nunca han podido contar con este ingreso una vez concluyen su carrera profesional. Con la firma de esta ley, aseguramos que los policías puedan ser beneficiarios del seguro social, mientras tomamos las medidas para que su cheque quincenal no se reduzca», expresó Rosselló.
Esta es otra de tantas medidas que se han tomado en beneficio de la Policía de Puerto Rico, tales como la compra de equipo y vehículos nuevos, el pago de millones de dólares por concepto de ajustes salariales que se adeudaban desde el 2004, entre otras iniciativas.
«Al poder cotizar para el Seguro Social, le brindamos a los policías una seguridad económica adicional para que puedan vivir luego de haber sacrificado los mejores años de su vida al servicio público, garantizando la seguridad de toda la ciudadanía», indicó el gobernador.
Rosselló sostuvo que «para ser elegible para el seguro social, el empleado tiene que cotizar alrededor de 10 años como mínimo. Es por esto que la aportación al seguro social será opcional para aquellos miembros que le queden menos de 10 años en la Policía».
Por otro lado, se convirtió en Ley el Proyecto del Senado 1293, que enmienda la Ley de la Oficina del Inspector General (OIG).
Esta medida le brinda a la OIG la autonomía administrativa, operacional, presupuestaria y fiscal con el fin de que pueda operar de forma autónoma sin ningún tipo de intervención externa.
La medida equipara a la OIG con el grado de autonomía que tienen otras entidades fiscalizadoras, tales como la Oficina de Ética Gubernamental y el Contralor de Puerto Rico.
«Luego de que la OIG fuera eliminada por la pasada administración, fue mi compromiso programático volver a crear esta oficina, como una herramienta adicional en contra de la corrupción. Con esta ley reiteramos la independencia fiscal y de criterio de la OIG. Como he indicado anteriormente, no toleraré la corrupción en ninguna esfera del gobierno», indicó.
«Agradezco a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz -Senado- y Carlos Méndez -Cámara baja- y los compañeros legisladores por haber trabajado estas medidas tan importantes de manera diligente», concluyó el gobernador.
