San Juan (EFE) – En medio de la presión para que dimita, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró este lunes, en conferencia de prensa, que con su participación y afirmaciones en un chat privado, cuyo contenido ha llevado a una crisis política, cometió «actos impropios pero no ilegales» y volvió a reiterar que permanecerá en el puesto.
A su vez, subrayó que sigue celebrando reuniones con jefes de agencia ya que es «importante para mí que el gobierno continúe trabajando».
Desde La Fortaleza, sede del ejecutivo, indicó que ha «tenido un proceso de introspección y en ese proceso de evaluación y pensamiento mi determinación ha sido seguir trabajando por Puerto Rico».
«Mi responsabilidad que tengamos continuidad y servicios funcionen y todos los servicios que se puedan otorgar se den», aseveró el gobernador, quien reveló que «muchas cosas se discutían en el chat, lo cierto es que nosotros hemos hecho unas evaluaciones completas y hemos visto que no hay ilegalidad» .
El gobernador a su vez dijo reconocer la «importancia» y la «magnitud» de las manifestaciones y no anunció cambios en su gobierno.
Sobre las manifestaciones violentas para pedir su dimisión por el contenido del chat, la última de ellas celebrada ayer y que se saldó con 21 detenidos y cinco heridos gabinete, dijo entender las protestas y el derecho a la libre expresión, así como la necesidad de proteger a los ciudadanos.
A este respeto Elmer Román, secretario seguridad pública, aseveró que con el incendio anoche en el Viejo San Juan, en las cercanías de la sede del ejecutivo, de varios contenedores de basura, se puso en peligro la propiedad residentes y patrimonio cultural con los hechos sucedidos anoche.
Mientras que el jefe de bomberos, Alberto Cruz, advirtió, en la misma conferencia de prensa que en esa zona de la ciudad hay líneas de gas soterradas y el fuego puede provocar una explosión.
Esta crisis política, sin precedentes en la historia reciente de la isla, se desencadenó después de que se publicara íntegramente el contenido de un chat privado, en el que participaba Rosselló y su círculo íntimo en el ejecutivo.
Ello desencadenó una oleada de rechazo por una parte de la población y de la clase política de la isla tras poder leerse en el mismo insultos y comentarios homófobos y sexistas contra periodistas y lideres políticos por parte del gobernador y su círculo íntimo.
Previamente, el 10 de julio, un jurado federal acusó a dos exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico y un contratista, entre otros, de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero.
Ese día el FBI detuvo a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en Puerto Rico Ángela Ávila, y al presidente de la empresa de contabilidad BDO en la isla, Fernando Scherrer, mientras que la exsecretaria de Educación Julia Keleher fue arrestada en Washington.
Otras personas también fueron detenidas por su relación con esta trama de corrupción o están en proceso de arresto, entre ellas dos contratistas del Departamento de Educación y Alberto Velázquez, subcontratista del Gobierno y de la empresa DBO.
Keleher llegó hoy a la isla para comparecer ante la justicia en Puerto Rico.
Sobre la corrupción, el gobernador dijo hoy que se trata de un «mal social sea donde sea» y que la ha «habido en todas las administraciones».
«Se trata de un problema sistémico» y hay que «adjudicarlo al individuo que lo comete».
Respecto a la posibilidad de que sea sometido a un juicio político indicó que tenía conocimiento de que era una posibilidad que «no se está considerando ni buscando».
Por otra parte, la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, informó este martes que esa agencia y las autoridades federales están atentos a la posible comisión de delitos durante las manifestaciones de grupos que exigen la renuncia del gobernador.
La Fiscalía Federal, el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE HSI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) están trabajando para investigar los actos violentos que ocurrieron anoche en el Viejo San Juan.
Desde la oposición, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, el mensaje ofrecido hoy por Rosselló es «parte de un libreto para tratar de manejar su crisis a través de relaciones públicas».
«Este mensaje, unido a la insistencia del gobernador de mantenerse en su puesto, no es la respuesta que el país espera», dijo en un comunicado.
Tras los actos violentos acaecidos anoche en el Viejo San Juan, los operarios del ayuntamiento han limpiado la zona y arreglado algunos desperfectos, como la colocación de adoquines.
