El presidente de la Junta de Planificación dijo que votaría contra el Proyecto del Senado 1183, mientras expertos y organizaciones alertaron sobre impactos en costas, planificación y participación ciudadana
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado continuó este martes la evaluación de las medidas dirigidas a reformar el sistema de permisos, en medio de cuestionamientos sobre posibles impactos ambientales, cambios en planificación territorial y riesgos para fondos federales.
Durante la tercera vista pública sobre los proyectos senatoriales 1173 y 1183, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, advirtió que la propuesta impulsada por La Fortaleza “se aleja” del balance necesario entre desarrollo económico y protección ambiental.
“Vamos a evaluar esto, pero de la misma manera tengo que decir con toda franqueza que nosotros vamos a mirar esto con detenimiento y lo que no hemos permitido antes, no lo vamos a permitir ahora”, expresó Rivera Schatz.
En la audiencia comparecieron representantes de la Junta de Planificación, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, el Fideicomiso de Río Piedras, el Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial de Río Piedras y el oceanógrafo Miguel Canals.
Uno de los principales debates giró en torno a la definición de Zona Marítimo Terrestre propuesta en el Proyecto del Senado 1183.
Canals sostuvo que la medida “privatiza las áreas que actualmente son bienes de dominio públicos” y advirtió que transferiría a propietarios privados el control de sectores de playa seca actualmente bajo dominio del Estado.
“Yo interpreto esto como una expropiación del Estado a sí mismo y al pueblo de Puerto Rico”, afirmó el oceanógrafo.
Canals también señaló que la propuesta podría afectar concesiones otorgadas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y reducir ingresos relacionados con actividades comerciales en playas.
Por su parte, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, respaldó la intención de reformar el sistema de permisos, pero rechazó cambios estructurales que alteren la Ley 75 de planificación territorial.
Según Morales Martínez, eliminar esa ley implicaría remover la base estructural del sistema de planificación vigente por casi cinco décadas.
El funcionario sostuvo además que, de ser legislador, votaría en contra del Proyecto del Senado 1183 en su versión actual, al entender que el sistema vigente es superior a la propuesta presentada por el Ejecutivo.
“Qué sentido tiene legislar sobre lo que no es la mejor práctica”, respondió Rivera Schatz durante el intercambio.
Morales Martínez también advirtió sobre posibles riesgos para fondos federales estimados en $80 millones y defendió mantener mecanismos de participación ciudadana, transparencia y debido proceso.
Desde sectores comunitarios, representantes vinculados a Río Piedras alertaron que debilitar la Ley 75 podría afectar proyectos de recuperación urbana, vivienda y reutilización de estructuras abandonadas.
Mientras, la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, Olga Angueira Andraca, indicó que la organización no respalda el Proyecto del Senado 1183 en su forma actual porque, según sostuvo, introduce “riesgos significativos para la planificación integral y ordenada, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de Puerto Rico”.
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores recomendó varias enmiendas, aunque favoreció continuar la evaluación legislativa utilizando el Proyecto del Senado 1183 como base principal del nuevo sistema de permisos.
