La paralización del proyecto frente a Playa Marías confirma que la defensa de la costa depende de comunidades dispuestas a fiscalizar, insistir y exigir que los permisos cumplan con la ley
En febrero de 2025, Rincón salió a la calle.
Trabajadores de construcción habían comenzado a tumbar los árboles de roble frente a Playa Marías. Ese momento se convirtió en el catalizador de una lucha de todo un año contra agencias gubernamentales para proteger nuestra costa y denunciar una construcción ilegal.
Muchos, incluyendo al alcalde de Rincón, Carlos López Bonilla, nos dijeron que no era ilegal. Que el proyecto tenía todos sus permisos. Que estaba bien diseñado.
Pero lo que estábamos viendo era otra cosa: un carril para bicicletas de casi $12 millones que parecía más bien una mini autopista a lo largo de la costa, donde se priorizaban los muros de concreto en lugar de los árboles, sin prestar mucha atención al acceso a la playa ni a los pocos espacios verdes que le quedan a Rincón.
Era un diseño de construcción que nunca iba a resistir huracanes, marejadas grandes, ni las condiciones tropicales y costeras de Puerto Rico.
La comunidad se negó a mirar para otro lado
Esta victoria no ocurrió porque una sola persona se quejara.
Ocurrió porque un ejército de ciudadanos preocupados decidió levantarse. La gente investigó, buscó documentos, protestó, educó a otros, asistió a audiencias judiciales, organizó eventos de recaudación de fondos, reunió dinero para la batalla legal, ayudó a liberar a vecinos bajo fianza, contactó a la prensa y siguió haciendo ruido hasta que el asunto ya no pudo ser ignorado.
Una y otra vez, la comunidad hizo preguntas básicas:
¿Este proyecto era realmente legal?
¿Los permisos realmente correspondían a lo que se estaba construyendo?
¿Los riesgos ambientales habían sido evaluados correctamente?
¿Las agencias estaban protegiendo la costa, o simplemente impulsando el proyecto?
El 18 de junio de 2026, el tribunal le dio una respuesta a Rincón.
El tribunal falló a favor de Rincón
En caso de Amigos de Tres Palmas, Ramón Díaz Zambrana y Leanne Arcuri v. OGPe, ACT, Claudio J. Torres Serrano y Alexandra Velázquez Delgado, el tribunal emitió una importante victoria para Rincón y su costa.
Después de meses de audiencias y una extensa revisión de las pruebas, el tribunal dictaminó que las preocupaciones de la comunidad eran válidas.
El tribunal encontró que el proyecto que estaba en construcción no correspondía al proyecto originalmente aprobado. También reconoció serias preocupaciones relacionadas con la erosión costera, inundaciones, seguridad pública, acceso para rescates de emergencia, recursos naturales protegidos y la Reserva Marina Tres Palmas.
Más importante aún, el tribunal determinó que el proyecto no podía depender de la exclusión categórica ambiental que se había usado para justificarlo. El tribunal dictaminó que la exclusión categórica no aplicaba a este proyecto bajo los hechos presentados, tanto a nivel local como federal.
Esta decisión reafirma un principio básico pero poderoso: los proyectos públicos tienen que cumplir con la ley. Un permiso no es suficiente si el propio permiso fue emitido incorrectamente, basado en información incorrecta, o usado para justificar una construcción que no corresponde a lo que realmente fue aprobado.
Lo que ordenó el tribunal
La sentencia del tribunal es clara y contundente.
1. Paralización inmediata de las obras
Toda construcción, movimiento de tierra, tala de árboles, intervención, instalación o actividad relacionada con el proyecto debe cesar de inmediato.
2. Permiso ambiental revocado
El tribunal dejó sin efecto la determinación de cumplimiento ambiental por exclusión categórica del proyecto. En palabras sencillas: el atajo ambiental que se usó para este proyecto queda anulado.
3. Permiso de construcción revocado
El tribunal revocó el PUI, o Permiso Único de Operación Incidental.
El tribunal determinó que el permiso fue emitido ultra vires, lo que significa que fue emitido fuera de la autoridad legal de la agencia, porque el proyecto que se estaba construyendo no correspondía al proyecto aprobado y no había pasado por el proceso de aprobación correcto.
4. Restauración y estabilización requerida
La ACT no puede simplemente irse y dejar el daño atrás.
El tribunal ordenó a la ACT presentar un plan de trabajo en 30 días, identificando todas las áreas impactadas, los trabajos inconclusos y las medidas necesarias para reparar, estabilizar, asegurar y proteger las áreas afectadas.
5. Honorarios de abogados concedidos
El tribunal ordenó a la ACT pagar $15,000 en honorarios de abogados porque determinó que la ACT actuó de manera imprudente.
En términos prácticos, el tribunal determinó que la ACT continuó defendiendo de manera temeraria permisos y determinaciones defectuosas, aun cuando los problemas surgían del propio expediente administrativo y de los documentos del proyecto.
Por qué esto importa para Rincón
Esto es enorme.
Esto importa para todo el que quiere y defiende a Rincón.
Las playas, las olas, las tortugas, los manglares, los arrecifes, los accesos públicos y los pocos espacios costeros naturales que quedan recibieron una oportunidad real de protección.
El tribunal dejó claro que este proyecto nunca tuvo los permisos adecuados. Las agencias le fallaron a la gente. Nuestro alcalde falló en defender a la comunidad. Pero la comunidad los hizo rendir cuentas.
Esta decisión envía un mensaje:
No puedes pasarle la retroexcavadora a nuestra cuenta solo porque tienes un permiso.
El permiso tiene que ser legal.
¿Qué pasa ahora?
La ACT puede apelar, y probablemente lo hará.
Pero por ahora, la obra está detenida. La aprobación ambiental queda sin efecto. El permiso de construcción fue revocado. La costa está protegida.
El tribunal también dejó claro que no le está ordenando a la ACT radicar enmiendas, preparar un nuevo documento ambiental o solicitar un nuevo deslinde de la ZMT. Ese no es el rol del tribunal en este tipo de caso.
Lo que sí hizo el tribunal fue eliminar todos los permisos y determinaciones que permitían que este proyecto siguiera adelante.
Sin esos permisos, el proyecto no puede continuar legalmente.
Si la ACT quiere intentarlo de nuevo, tendrá que volver al proceso correcto. Eso significa una evaluación ambiental adecuada, un deslinde válido de la ZMT, documentos precisos del proyecto, notificación a la comunidad y respeto por la ley.
Esta victoria le pertenece a la comunidad
Esta victoria le pertenece a todos los que se presentaron.
A las personas que asistieron a las vistas.
A las personas que protestaron.
A quienes participaron en limpiezas de playa, caminatas por el bosque, eventos de recaudación de fondos, reuniones comunitarias y citas judiciales.
A los siete vecinos que presentaron la primera demanda y se negaron a rendirse.
A los peritos que prestaron testimonio.
A los residentes y visitantes que compraron camisetas, gorras y donaron al GoFundMe.
A las organizaciones y empresas locales que apoyaron la lucha.
Y especialmente a nuestros abogados: Lcda. Mónica Timothée-Vega, Lcdo. Francisco J. Timothée-Vega y Lcdo. Omar Saadé Yordán.
No solo ganamos un caso en el tribunal.
Demostramos que cuando una comunidad se une y se niega a dejarse intimidar, podemos proteger aquello que amamos.
La lucha no ha terminado
Hoy celebramos.
Pero la lucha a nivel insular no ha terminado.
La administración actual de Puerto Rico está impulsando leyes que harían que los permisos en áreas costeras sensibles sean más fáciles, más débiles y más rápidos. Eso debe preocupar a todas las comunidades en Puerto Rico.
Lo que ocurrió en Rincón no es un caso aislado. Forma parte de un patrón más amplio de presión urbanística, fiscalización deficiente y organismos públicos que tratan las inquietudes de la comunidad como obstáculos en lugar de advertencias.
Este caso demuestra por qué la participación ciudadana es importante.
Demuestra por qué la evaluación ambiental importa.
Demuestra por qué hay que cuestionar los permisos cuando los hechos no coinciden con la documentación.
Y demuestra que las comunidades pueden ganar.
Hoy, Rincón ganó.
