San Juan, 16 de marzo de 2022 (EFE) – Una investigación de la Contraloría de Puerto Rico reveló posibles irregularidades en la facturación de $1.7 millones al Departamento de Educación de talleres de fotoperiodismo ofrecidos en 95 escuelas entre los años 2015 y 2016.
La investigación reveló que un contratista preparó facturas con información falsa para justificar el cobro de $1,752,297 previo a la formalización de un contrato el 2 de diciembre de 2015 o por servicios no prestados, indicó la Contraloría en un comunicado.
Los documentos presentados por el contratista, de acuerdo con la investigación hecha por los auditores de la Contraloría, no eran las facturas originales que los proveedores remitían para cobro, sino documentos con información falsa elaborados por la corporación.
Los auditores identificaron, que antes de formalizar el contrato, los maestros ya habían ofrecido 862 talleres, los talleristas 797 talleres, y se registraron 352 servicios de transporte desde la escuela de los alumnos a la escuela sede de los talleres.
No obstante, del 2 de diciembre de 2015 al 16 de enero de 2016, el contratista facturó 466 talleres adicionales a los ofrecidos por los maestros y 397 adicionales a los ofrecidos por los talleristas.
Además, la investigación reveló que contrario a lo establecido en las facturas del contratista al Departamento de Educación, no se ofrecieron talleres en horario lectivo y los servicios no se ofrecieron en los días y horas que indica el contratista en sus facturas.
Varios maestros entrevistados indicaron también, que personal de la corporación contratada, completaba el encabezado de los registros de asistencia, con la fecha y hora de los talleres.
Estas situaciones pudieron haber configurado delitos como la apropiación ilegal agravada, fraude y falsedad ideológica tipificados en el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012).
Además, viola el Código de Ética para Contratistas, Suplidores y Solicitantes Económicos de las Agencias Ejecutivas del Estado Libre Asociado (Ley 84-2002), entre otros.
Los resultados de esta investigación se refirieron el 27 de septiembre de 2021 al FBI, al Departamento de Justicia federal, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de EE.UU. y al Departamento de Justicia local para que realicen los procesos oportunos.
