Aguadilla, Puerto Rico – Más de 30 residentes de la comunidad de Playuela se movilizaron a las oficinas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) en el Centro Gubernamental de Aguadilla con el objetivo de someter una solicitud de intervención al proyecto propuesto 2023-472252-PCOC-041078, impulsado por la corporación JI Site Developers LLC, representada por Jorge L. González Guzmán e Ismael A. Pérez Conesa.
Los vecinos, que viven a menos de 100 metros de la ubicación propuesta para una nueva antena de telecomunicaciones, expresaron su preocupación por los potenciales riesgos a la salud y el bienestar de la comunidad. Esta acción fue registrada en el Single Business Portal bajo el número de Trámite: 2024-SIN-300228. Además, se presentó una querella ante la Junta de Planificación, registrada bajo el número de trámite: 2024-SRQ-302539.
«Nos presentamos al centro gubernamental de Aguadilla a la oficina de OGPE para someter una solicitud de intervención grupal al proceso de solicitud de permiso 2023-472252-PCOC-041078. Llevamos desde el 21 de diciembre del 2023 escribiendo al correo electrónico de la OGPE que sale en el letrero que pusieron en la comunidad, expresando nuestra oposición a la solicitud del permiso y hemos sido ignorados. La mayoría de los vecinos que viven a menos de 100 metros del lugar donde se propone instalar la antena son personas mayores enfermas, encamadas y hasta con marcapasos puestos y estamos aquí también alzando la voz por ellos», informó María Blas Acevedo, residente y vecina colindante del proyecto propuesto.
Por su parte, Héctor Arroyo Ferrer, veterano y colindante del proyecto, enfatizó que «en el huracán María se cayeron cerca de 300 antenas que afectaron gravemente terrenos privados y residencias alrededor de todo Puerto Rico. Esta antena colinda en la misma punta del terreno y casa de mi suegra, mujer anciana sola que tiene condiciones médicas. Si pasa algo, la antena va a caer en su terreno. OGPE no está considerando el peligro que trae esta antena para todos los vecinos, el peligro físico y el peligro a nuestro bienestar y salud mental. Ponen tantos obstáculos para hablar con una persona a cargo de esta agencia que hace los procesos casi imposibles. Es frustrante, nos sentimos sin poder, sin voz, incapacitados».
La comunidad ha manifestado su indignación mediante letreros en la entrada por la calle Macetazo, donde se pueden ver mensajes en contra del proyecto. En el portón de entrada del proyecto, encima del rótulo de solicitud de permiso, un mensaje en aerosol rojo reza: «NO AL PROYECTO».
«Los vecinos han sido claros en su oposición al proyecto desde que se enteraron que una corporación estaba solicitando permiso para poner una antena al lado de sus casas. Los colindantes no han recibido ninguna comunicación sobre la determinación de OGPE en relación a la solicitud, sin embargo, la entrada y salida de camiones y maquinaria pesada es la orden del día. Los trabajos están perturbando la paz y tranquilidad que caracteriza a la comunidad y causando daños irreparables al sistema kárstico (protegido por la Ley 292-1999), hábitat crítico de la boa puertorriqueña (Chilabothrus inornatus), especie endémica que se encuentra en el listado de especies en peligro de extinción desde la década del 1970. Exigimos que se paralicen las obras inmediatamente y se inicie un proceso de vistas públicas donde los derechos de la comunidad sean respetados. La salud y el ambiente van primero», comentó Suzette Quirós, portavoz del grupo comunitario Salvemos a Playuela.
Finalmente, los residentes solicitaron a la Junta de Planificación y al Municipio de Aguadilla actuar con responsabilidad y celeridad para realizar una investigación exhaustiva y proteger los intereses de los ciudadanos. Además, exigieron acción del municipio y sus representantes para detener los trabajos que ya están causando un impacto a su salud mental. El líder comunitario Danny Borinquen Ramos concluyó: «Hacemos un llamado de ayuda al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, y al representante Wilson Javier Román para que se reúnan con nuestra gente de la comunidad. Los trabajos que está realizando la corporación ya están afectando el ambiente y nuestra salud mental. Nos oponemos rotundamente a este proyecto que afecta la vida y salud de nuestras familias. Nuestro bienestar vale más que cualquier negocio y necesitamos que se nos escuche».
