Santo Domingo (EFE) – República Dominicana pedirá en la Cumbre del Clima COP28 que todos los países, y en especial los más desarrollados, profundicen sus acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius.
Según un comunicado del Ministerio dominicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la reunión de Dubái, que se celebrará desde este jueves hasta el 12 de diciembre, la delegación de República Dominicana defenderá también la necesidad de asegurar una financiación «más eficiente y de calidad» para paliar los efectos de la crisis climática, en especial en lo referente a adaptación.
Además, para República Dominicana constituye una prioridad la operatividad del fondo de daños y pérdidas creado en la COP27 de la localidad egipcia de Sharm Sheij para hacer frente a los impactos y daños por efecto de la crisis climática, ya sean económicos, sociales, culturales o medioambientales.
«Hemos asumido un liderazgo no solamente como líder ministerial de las negociaciones por parte de los 39 Estados insulares que lucharon en la COP27 para la creación de este fondo, sino también en el Comité Transicional de Pérdidas y Daños que durante todo un año se estuvo reuniendo para diseñar la operatividad de este fondo», afirma la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de la cartera de Medio Ambiente, Milagros de Camps.
Al respecto, De Camps indica: «Esperamos tener un resultado sólido de este proceso en la COP28».
Otra de las prioridades de República Dominicana es hacer visible el problema del sargazo en la región del Caribe como consecuencia de la crisis climática y que se ponga fin a los subsidios continuos a las industrias contaminantes.
La delegación dominicana en la COP28 estará liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de ella también forman parte el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio y representantes de las carteras de Energía y Minas y de Agricultura, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, además de entidades del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
