Lima, 4 marzo de 2022 (EFE) – El Gobierno de Perú firmó este viernes un acuerdo con Repsol mediante el cual la empresa española se compromete a entregar 3,000 soles (unos $805) como anticipo de indemnización a los pescadores y comerciantes afectados por el derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero en el norte de Lima.
El acuerdo, suscrito por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el gerente general de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, establece que la transnacional pagará una parte parcial de las compensaciones económicas para mitigar el impacto del derrame en las actividades laborales de los damnificados.
De acuerdo con el acta del convenio, difundido por el Ejecutivo peruano, la empresa deberá abonar 3,000 soles en un lapso no mayor de siete días a partir del momento en el que se consensúe la base de los afectados, que a la fecha incluye a más de 5,000 personas, según detalló Repsol en un comunicado.
Pasados 30 días, ambas partes se reunirán de nuevo para evaluar la situación de los colectivos afectados con el fin de determinar el monto integral de la indemnización.
En la nota, la transnacional española recordó que este compromiso se suma a los convenios que ya había firmado anteriormente para beneficiar a 1,550 pescadores.
«Además, Repsol viene dando ayudas de primera necesidad a un total de 4,102 personas, agrupadas en 69 colectivos de pescadores y comerciantes de Chancay, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla. Se han entregado hasta la fecha 6,599 vales de 500 soles (unos $135)», agregó la empresa.
El derrame de petróleo ocurrió la tarde del sábado 15 de enero, cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba el combustible a las tuberías submarinas de la refinería La Pampilla, que opera Repsol en el municipio de Ventanilla.
En un primer momento, la empresa reportó que se trataba de una fuga de 0.16 barriles (unos 25 litros) y que había sido causada por el «oleaje anómalo» producido por una erupción volcánica en Tonga.
Pero Repsol se corrigió tres días después y elevó la cifra a 6,000 barriles, aunque finalmente calculó que habrían sido 10,400, aún menos de los 11,900 que estima el Gobierno peruano (1.9 millones de litros).
El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, hasta la ciudad de Chancay, en el norte del departamento de Lima, afectando 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas.
A la fecha, la transnacional española ya acumula unos $358,000 en multas coercitivas por haber incumplido tres medidas impuestas por el organismo público encargado de la fiscalización ambiental.
Además, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició otros tres procesos administrativos sancionadores contra Repsol, que podrían derivar en tres sanciones más por unos $14.3 millones.
En paralelo, un juez ordenó el impedimento de salida del país durante 18 meses a cuatro directivos de la petrolera, entre ellos el director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández Cuesta, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de contaminación ambiental.
