Por Sandra D. Rodríguez Cotto
San Juan (30 de abril de 2022) – En los primeros cuatro meses del 2022 en Puerto Rico han asesinado o mueren por maltrato un promedio de un niño por mes. A estas espeluznantes cifras se unen las decenas de jóvenes, especialmente niñas y adolescentes que se evaden o desaparecen de sus hogares, en lo que aparentan ser casos de trata humana.
Como si eso fuera poco, en el Departamento de la Familia hay sobre 10,400 referidos por maltrato que no se investigan. Todas estas situaciones demuestran la necesidad de que se declare un estado de emergencia por el maltrato infantil y ayer se presentaron dos medidas legislativas a esos efectos.
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, presentó dos medidas legislativas para atender la crisis de violencia infantil en Puerto Rico que calificó como una “emergencia nacional”. Una medida decretaría un estado de emergencia por violencia infantil o y la segunda para reconocer la tortura infantil como una categoría independiente del maltrato infantil y tipificarla.
“Durante mi interrogatorio en las vistas públicas sobre el presupuesto del Departamento de la Familia (DF), la administradora de ADFAN reconoció la existencia de 10,458 referidos de posible maltrato a menores aún sin investigar desde el 2016, hecho reconocido como una crisis por la propia secretaria del DF durante esas mismas vistas públicas. Ese hecho nada más, representa una emergencia nacional que hay que atender con urgencia y para eso son estas acciones legislativas que estamos tomando”, expresó Márquez Lebrؚón.
“Según datos del Departamento de Salud y Recursos Humanos de EE.UU. en Puerto Rico, para 2019, se recibieron un total de 17,474 (30.5%) referidos de maltrato o negligencia a menores de los cuales 8,365 (47.9%) fueron fundamentados. Este año para la misma fecha, tienen 12,110 casos, lo que representa un aumento de 3,656. La Asamblea Legislativa no puede, con su silencio, ser cómplice de esta realidad y mirar para el otro lado, hay que tomar acción inmediata y dar paso a estas medidas”, argumentó Márquez Lebrón.
El representante del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz González, quién se unió como coautor del proyecto para declarar un estado de emergencia por violencia infantil, indicó que “el Departamento de la Familia, en varias ocasiones ha reconocido que solo cuentan con casi 900 trabajadores sociales, cada uno atendiendo entre 30 y 40 casos a la vez. Esto hace que solo se atienda el 50% de los casos de niños en peligro inminente”.
“Este proyecto establece el andamiaje necesario para hacerle justicia a nuestros niños y promueve la asignación de recursos necesarios al departamento. Del mismo modo, este proyecto obliga al Departamento de Justicia a Informar el número de querellas ante el Departamento de Justica de maltrato contra menores, maltrato institucional, agresiones sexuales, negligencia, negligencia institucional y trata humana, información vital para construir una política pública dirigida a combatir el maltrato infantil”, dijo Ortiz.
Durante la rueda de prensa, el portavoz cameral del PIP estuvo acompañado por el propio Ortiz González, la Dra. Yanira Carmona, directora del Programa Biopsicosocial del Recinto de Ciencias Médicas de Centros de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS), y portavoces de la Coalición Paz Para La Niñez.
Las piezas legislativas presentadas incluyen además la orden para que el DF aumente el número de trabajadores sociales, reviese sus escalas salariales y cree un equipo de trabajo para atender los referidos por posible maltrato, comenzando por los casos de posible tortura y desaparecidos o evadidos de la custodia de la agencia. El salario básico de un trabajador social en el DF es de $1,800 mensuales.
