El representante Domingo J. Torres García refirió al Departamento de Justicia a la excomisionada Natalia Zequeira y a la actual jefa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por alegados actos de represalia y abuso de poder
El representante y portavoz alterno de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Domingo J. Torres García, presentó un referido formal al Departamento de Justicia solicitando una investigación contra la excomisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira, y la actual comisionada de la agencia, Mónica Rodríguez Villa, por alegados actos de represalia, influencia indebida y posible abuso de poder.
Según el legislador, el referido surge tras la obtención de una declaración jurada y evidencia electrónica que presuntamente revelan “un patrón alarmante donde el poder regulador del Estado pudo haber sido utilizado para castigar a una empresa privada por asuntos personales”.
Entre los elementos señalados en la querella figura un intercambio de mensajes atribuido a Zequeira, en el que una allegada le habría sugerido imponer un supuesto “Croqueta Fee” y un “Cabrón Fee” contra el empresario Sebastián Carazo Forastieri, gerente general de Allied Fleet Services Inc. y AAA Car Rental.
De acuerdo con la declaración jurada citada en el referido, la alegada conversación ocurrió luego de que Natalia Castiel, identificada como amiga íntima de la entonces comisionada y expareja del empresario, le escribiera sugiriendo que añadiera cargos arbitrarios al momento de multar a la empresa.
El documento sometido a Justicia incluye expresiones como: “No sé cuánto tiempo te quedas, pero cuando vayas a multar le añadas Croqueta Fee y Cabrón Fee”.
Según el referido, la entonces funcionaria respondió con expresiones insultantes y violentas dirigidas al empresario, mensajes que ahora forman parte de la evidencia sometida por el legislador ante las autoridades.
Torres García calificó las expresiones como “profundamente perturbadoras” y sostuvo que resultan incompatibles con el ejercicio imparcial del servicio público, particularmente viniendo de una funcionaria con facultades regulatorias y sancionadoras sobre empresas privadas en Puerto Rico.
El legislador alegó además que, tras esos mensajes, la OCIF inició una serie de actuaciones regulatorias contra Allied Fleet Services y AAA Car Rental que incluyeron multas de decenas y cientos de miles de dólares, además de denegatorias de licencias.
Asimismo, sostuvo que bajo la administración de la actual comisionada, Mónica Rodríguez Villa —quien fungía como subcomisionada bajo Zequeira— continuó el alegado patrón de hostigamiento regulatorio contra la empresa.
“El país tiene que preguntarse si en Puerto Rico se estaban imponiendo multas regulatorias basadas en evidencia y ley… o basadas en corajes personales, amistades y venganzas privadas. El llamado ‘Croqueta Fee’ simboliza exactamente el tipo de degradación institucional que no podemos permitir”, expresó Torres García.
El referido solicita al Departamento de Justicia una investigación independiente y exhaustiva, incluyendo la preservación inmediata de evidencia electrónica, la evaluación de posibles violaciones éticas y criminales, la determinación de conflictos de interés dentro de la OCIF y un posible referido al Tribunal Supremo de Puerto Rico por conducta incompatible con la profesión legal.
“El caso podría representar uno de los ejemplos más peligrosos de utilización del poder gubernamental como herramienta de represalia personal”, advirtió el representante popular.
