San Juan, 13 de octubre (EFE) – Un tribunal federal del distrito de Puerto Rico aprobó ayer, miércoles, el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que ahorra a la isla unos 3,000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda.
El plan reduce los 6,400 millones de dólares en reclamaciones de la ACT en más de un 80% y crea «una base financiera sólida para garantizar el mantenimiento y la mejora de las carreteras y la transportación pública», precisó en un comunicado la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El ente fiscal afirmó que ahora la ACT estará en condiciones para implementar las reformas del sector de la transportación establecidas en los planes fiscales certificados del Gobierno de Puerto Rico y de la agencia.
Asimismo, instó a la agencia a instaurar una serie de reformas como separar la responsabilidad de la construcción y el mantenimiento de las autopistas con peaje de aquellas sin peaje, y transferir el Tren Urbano a la Autoridad del Transporte Integrado de Puerto Rico.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico, Omar Marrero, destacó que este plan «permite a la ACT salir de la quiebra y establecer un camino certero para que mejore su situación fiscal».
También «facilita inversiones en infraestructura en beneficio de nuestros ciudadanos», agregó Marrero en unas declaraciones escritas.
El plan de ajuste de la ACT, confirmado por la jueza federal Laura Taylor Swain, fue presentado por la JSF el pasado 2 de mayo y modificado el pasado 6 de septiembre.
La JSF es una entidad establecida por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por su sigla en inglés), que fue aprobada en 2016 en el Congreso en Estados Unidos para ayudar a la isla a gestionar la crisis derivada de su multimillonaria deuda.
En enero pasado, se aprobó un plan de reestructuración de cerca del 80% de la deuda del Gobierno central de Puerto Rico, que durante años lastró el crecimiento de la isla y quedó reducida de 33,000 millones de dólares a 7,300 millones.
Todavía queda pendiente reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que asciende a 9,000 millones de dólares, y cuyo proceso de mediación con los acreedores ha quedado suspendido.
