El emblemático Taco Giro cerró siete de sus 10 locales tras la detención de 46 empleados; empresarios hispanos denuncian efectos duraderos y clima de temor en la comunidad
Por María León
Tucson (EE.UU.), 16 dic (EFE).- Las redadas migratorias en Estados Unidos están dejando en el limbo a restaurantes como Taco Giro, un emblemático local mexicano del sur de Arizona que se ha visto obligado a cerrar varios de sus establecimientos tras quedarse sin trabajadores y enfrentar elevados gastos legales luego de un operativo migratorio.
César Rodríguez, director de operaciones de la cadena de restaurantes del sur de Arizona, dijo a EFE que se vieron obligados a cerrar indefinidamente siete de sus diez establecimientos después de un operativo sorpresivo de agentes fuertemente armados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que arrestaron a 46 trabajadores.
«De un momento a otro perdimos el 10% de nuestros empleados», subrayó Rodríguez al referirse a la redada del pasado 5 de diciembre, durante la cual los agentes también se llevaron documentos relacionados con la contratación de trabajadores.
Según explicó, los agentes visitaron además los hogares de varios empleados, lo que elevó el número de detenciones.
Rodríguez manifestó que contratar nuevos trabajadores y capacitarlos lleva tiempo, ya que incluso inmigrantes con ciudadanía temen las redadas, no por ellos mismos, sino por familiares indocumentados.
Los hermanos Ramos Mora, quienes comenzaron la cadena de restaurantes en el sur de Tucson en 2008, rehusaron hablar sobre el caso.
Por su parte, ICE aseguró que el operativo contra Taco Giro fue el resultado de una larga investigación relacionada con la contratación de trabajadores indocumentados, el pago en efectivo, así como con asuntos fiscales y de tráfico de drogas, acusaciones que Rodríguez calificó de «ridículas».
«Alguna clientela tiene miedo de llegar al restaurante debido a que temen que ICE vuelva a llegar al establecimiento», dijo a EFE Mario Ramírez, cliente habitual de Taco Giro, durante una visita al local, que se encontraba prácticamente desocupado.
Las secuelas de ICE
Marco Antonio López, propietario de Beef Master Meat Market, en Tucson (Arizona), aún trata de recuperarse de una experiencia similar.
El negocio de López fue uno de los primeros en ser visitados por agentes de ICE el pasado mes de marzo, en uno de los primeros operativos migratorios durante la segunda Administración de Trump en el sur de Arizona.
Al igual que Taco Giro, el primer golpe fue la pérdida de empleados, ya que aunque nadie fue arrestado por los agentes de ICE durante la redada, al día siguiente simplemente nadie se presentó a trabajar.
«Fue muy duro, mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudarme para poder sacar adelante el negocio», dijo a EFE López.
Recordó que le tomó «meses» poder contratar nuevamente empleados y que su clientela regresara al local.
Sin embargo, aseguró que nueve meses después de haber sido blanco de una redada de ICE, aún sufre los efectos, especialmente los legales, ya que continúa respondiendo preguntas y presentando documentación al Gobierno federal, que amenaza con castigarlo con una cuantiosa multa.
«No quiero decir la cantidad, pero si debo de pagar tanto dinero, creo que mi negocio no podrá sobrevivir», afirmó.
El comerciante incurrió además en gastos de abogado y en la capacitación de un empleado para el uso del programa federal de verificación migratoria para empleadores E-Verify.
La situación afecta a varias ciudades con una alta presencia de redadas. En Los Ángeles, tras entrevistar a casi 200 empresarios en las zonas más afectadas, el 43 % de los dueños hispanos reportó pérdidas de ingresos del 50 % o más, cifra que sube al 68 % entre quienes no dominan el inglés, según un informe de noviembre del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF).
Menos seguridad, economía en declive
«Las redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen que nuestra comunidad sea más segura, ni reducen los precios para los habitantes de Tucson», dijo a EFE Regina Romero, alcaldesa de Tucson.
Para la primera alcaldesa latina de la ciudad, hacer cumplir la ley nunca es una excusa para perturbar la economía local. En su opinión, estas acciones causan serios daños colaterales a las pequeñas empresas e interfieren con la actividad comercial legal.
«Ahuyentan a los empleados de toda la vida, independientemente de su estatus migratorio, y utilizan recursos federales para intimidar a las personas basándose únicamente en el color de su piel o su acento».
Romero aseguró que estos operativos «vienen a incrementar aún más los problemas económicos para la economía de las comunidades, las cuales se han visto duramente impactada por el incremento en los precios de las rentas y de los alimentos básicos».
