La destitución de Uzquiano generó indignación entre los guardaparques y sectores ambientalistas, mientras que la Defensoría del Pueblo interpuso un amparo constitucional en su defensa, medida que fue admitida
Por Gina Baldivieso
La Paz (EFE) – La laureada trayectoria de más de 20 años del boliviano Marcos Uzquiano como guardaparques se interrumpió tras su reciente despido intempestivo, algo que el también defensor ambientalista atribuyó, en una entrevista con EFE, a la incomodidad causada por sus denuncias públicas contra la minería ilegal y la caza furtiva en áreas protegidas.
Uzquiano fue hasta el pasado 31 de diciembre el jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, un área protegida en el noreste amazónico boliviano que depende del estatal Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Ese día recibió un memorando de despido que «no cita ninguna causal, ni fundamenta ningún argumento» para su destitución, según explicó a EFE.
Para Uzquiano, esto se debió a que a algunas autoridades «les incomodan» sus denuncias públicas «contra la minería ilegal», o para «cuestionar el manejo deficiente que tiene el Sernap», o para exigir mejores condiciones laborales para los guardaparques.
«Es una muestra de cómo pretenden acallar la voz de quienes defendemos la naturaleza, de cómo disciplinar a los guardaparques a que no hablen, a que no denuncien», sostuvo el también presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques Agentes de Conservación (Abolac).
Uzquiano nació en San Buenaventura, una localidad en el norte del departamento de La Paz colindante con el parque nacional Madidi, una de las áreas naturales más biodiversas del mundo.
A principios de los años 2000 inició su labor como guardaparques que le llevó por distintas reservas naturales bolivianas, incluidos el Madidi y la Estación Biológica del Beni, donde puso en marcha junto a otros guardas forestales un proyecto para la preservación de las petas de río, las tortugas amazónicas.
Su trabajo le valió reconocimientos como ser uno de los ganadores del Premio Internacional para Guardaparques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN en inglés) en 2022.
También fue parte del documental ‘Tigre Gente’, de la cineasta estadounidense Elizabeth Unger, que explora la caza furtiva del jaguar en Bolivia para la venta de sus colmillos en mercados negros en China y Birmania y la acción de los guardaparques contra ese delito.
Cuestionado despido
Tres días después de despedirlo, el Sernap le inició un proceso administrativo exponiendo una serie de «causales» principalmente referidas a publicaciones que hizo en sus redes sociales sobre incendios forestales en un área protegida, o la caza furtiva de jaguares en la región central de Cochabamba.
También le cuestionan por gestionar seguros de vida para los guardaparques, por dar entrevistas a medios de comunicación como representante de la Abolac y por una supuesta «incompatibilidad» entre ese cargo y sus funciones de guardaparque, además de acusarle de hacer declaraciones en representación del Sernap, entre otros.
Uzquiano lamentó que incluso le procesen por participar en 2024 en la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP-3) del Acuerdo de Escazú, a la que asistió «invitado por la Cepal como defensor ambiental».
Aseguró que sus participaciones en eventos son a título personal y que hace sus publicaciones desde sus cuentas personales y sus viajes, en su tiempo libre, por lo que consideró que su despido «es una persecución directa a los defensores ambientales».
La destitución de Uzquiano generó indignación entre los guardaparques y sectores ambientalistas, mientras que la Defensoría del Pueblo interpuso un amparo constitucional en su defensa, medida que fue admitida.
Dura misión
Uzquiano dijo que si bien puede «seguir haciendo la lucha desde afuera», no tendrá «la autoridad» que tenía como guardaparques para perseguir y sancionar las infracciones dentro de las áreas protegidas.
Además lamentó las condiciones laborales para los guardaparques bolivianos, con carencias de equipos, infraestructura y recursos económicos para afrontar la «ola creciente de amenazas ambientales», como la minería ilegal, los incendios forestales, las invasiones de tierras o la cacería furtiva.
A lo que se suman el «acoso laboral» y el que de los 305 guardabosques registrados hasta 2024, más del 60 % tiene contratos eventuales sin acceso a varios derechos laborales.
Uzquiano precisó que los pronunciamientos emitidos en su defensa piden la destitución del director del Sernap, Johnson Jiménez, como un primer paso para «retomar la institucionalidad» de esa entidad.
