Justicia concluye que hay causa suficiente para creer que Jessika Padilla Rivera malversó fondos públicos
SAN JUAN (EFE) – El Departamento de Justicia recomendó este lunes la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) en relación con las actuaciones imputadas a la entonces presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, por posible malversación de fondos públicos.
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que remitió una comunicación oficial al respecto a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) tras la culminación de la investigación preliminar.
También se comunicó esta recomendación a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Oficina del Inspector General, entidades que refirieron el asunto investigado al Departamento de Justicia, así como a la jueza Padilla Rivera.
La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició luego de que, el 29 de mayo de 2025, la Oficina de Gerencia y Presupuesto presentara un referido por un posible uso indebido de fondos públicos por parte de la CEE, relacionado con el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos durante el mes de abril de 2025.
Como parte de dicha investigación, también se evaluó el Informe OIG-QI-26-004 preparado por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.
Los señalamientos fueron analizados conforme a las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico, la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y la Ley Núm. 2-1988, que rige los procedimientos ante la OPFEI.
Luego de completar el análisis de la prueba recopilada, la DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que la entonces presidenta alterna de la CEE incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el artículo 264 del Código Penal de Puerto Rico.
Asimismo, se determinó que existe causa suficiente para creer que incurrió en la conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
