Expertos advierten que Puerto Rico ignora las secuelas del trauma infantil tras la pérdida de una madre por violencia de género
SAN JUAN, Puerto Rico – Ante la creciente cifra de menores que quedan en orfandad por feminicidios en Puerto Rico, organizaciones sociales urgieron este miércoles al gobierno a establecer una política pública integral de reparación de daños, con recursos terapéuticos especializados que reconozcan a esta población como víctimas directas de la violencia machista.
“Hay un vacío en Puerto Rico para atender estos huérfanos por feminicidios, y contrario a otros países, no existe una política pública reparadora para estos menores”, denunció Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, durante la conferencia anual de la entidad, celebrada en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico.
Desde 2019, se han identificado al menos 156 menores en esta situación en la isla. Del total de 459 feminicidios registrados en ese período, 83 de las víctimas eran madres, detalló Figueroa.
El reclamo del Observatorio se suma a un llamado más amplio de organizaciones latinoamericanas que han promovido políticas de reparación para la niñez huérfana por feminicidios. Países como Uruguay, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia ya han adoptado marcos legales que priorizan el acceso a apoyos económicos, atención psicológica especializada, cobertura educativa y el establecimiento de registros nacionales de estos casos.
“Muchas de estas políticas coinciden en cuatro pilares fundamentales: acceso universal a apoyos económicos y educativos, servicios de salud mental con un enfoque en trauma, registro nacional y políticas coordinadas interseccionalmente”, explicó Figueroa, quien subrayó que Puerto Rico aún no ha adoptado ninguna de estas estrategias de forma estructural.
Durante el encuentro, expertos locales e internacionales discutieron la necesidad urgente de implementar una respuesta institucional que reconozca los derechos y necesidades particulares de esta niñez. Participaron la psicóloga clínica Anairy Díaz; Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico; y ponentes internacionales como Geraldine Guerra Garcé, de Fundación Aldea en Ecuador; Carol Rojas Garzón, del Observatorio Colombiano de Feminicidios; y la licenciada Daniela Rosero Contreras, de Fundación Legatum.
Figueroa advirtió que la falta de protocolos diferenciados en el Departamento de la Familia ha invisibilizado institucionalmente a estos menores. Aunque existen recursos terapéuticos para niños sobrevivientes de violencia, no se distingue entre quienes han perdido a sus madres por feminicidio y otras formas de maltrato.
“No se evalúan ni adecúan servicios ante situaciones de pobreza, discapacidad, migración, raza u orientación sexual de las familias afectadas, reproduciendo patrones de exclusión previos a la tragedia”, sostuvo la directora del Observatorio.
La conferencia culminó con un llamado urgente al Estado para abandonar las respuestas fragmentarias y reactivas, y avanzar hacia una política proactiva e inclusiva, basada en evidencia científica e internacional.
“El contexto actual para atender la violencia en Puerto Rico exige voluntad política, recursos presupuestarios y un cambio paradigmático. Solo así se podrán romper los ciclos de violencia intergeneracional y reparar las heridas de una niñez marcada por el feminicidio”, concluyó Figueroa.
