San Juan (EFEUSA) – La Iglesia Metodista de Puerto Rico y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) expresaron este miércoles su rechazo a un proyecto legislativo que propone establecer guías para la protección de la libertad religiosa y terapias de conversión a homosexuales menores de edad.
Según una ponencia que ofreció por escrito el obispo metodista Héctor Vidal previo a una vista pública que celebrará hoy la Comisión de lo Jurídico de la Cámara referente a la medida, especificó que «luego de meditar con integridad y respeto sobre los méritos y sus artículos» relacionado a la medida de libertad religiosa, «la Iglesia Metodista de Puerto Rico, se opone al mismo».
«Nos parece que la atención a asuntos vinculados a la libertad de expresión religiosa es loable en la medida en que el Estado esté consciente de su obligación de respetar el fino balance de intereses entre el no establecimiento de religión, según requerido por la separación de Iglesia y Estado que emana de nuestro diseño constitucional, y el reconocimiento del derecho al libre ejercicio de la religión, consagrado como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento», dijo Vidal.
De acuerdo con Vidal, el Proyecto de la Cámara 2069 propone que «los proponentes de esta ley quieren permitir que una persona natural o jurídica pueda, a nombre de su libertad religiosa, actuar o no actuar contra otra persona con la que pueda diferir por motivo de su religión».
«Este actuar, como negarse a actuar, es la conducta constitutiva que tiene el potencial de discriminar contra mujeres, extranjeros, negros, homosexuales y otras minorías discretas que nuestro ordenamiento debe proteger del discrimen», enfatizó Vidal.
Resaltó además que «imponer este actuar o no actuar en el ámbito de la sociedad es una forma de ‘establecimiento de religión’ de un grupo privado sobre toda la sociedad, cosa que ha sido vedada correctamente en nuestra sociedad».
«Nos oponemos a que el estado dé un cheque en blanco a personas religiosas que quieran usar su religión como excusa para discriminar personas que su religión personal vea como diferentes y objetos posibles de discrimen», recalcó.
Vidal detalló que según establecido en el Artículo V de la Constitución de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, «La Iglesia Metodista de Puerto Rico, como Cuerpo de Cristo, no discriminará por edad, sexo, raza, color o por motivos sociales, económicos, políticos, de origen nacional y étnico, ni por ningún otro motivo contra las personas que vengan a formar parte de su membresía».
«Por estos principios de nuestra formación como iglesia, y el respeto profundo a los valores del no establecimiento de religión y la igual protección de las leyes, con mucho respeto, nos oponemos al Proyecto de la Cámara 2069», puntualizó Vidal.
Por su parte, los portavoces del CABE -colectivo de organizaciones y de personas que trabajan para proteger los derechos humanos de las comunidades LGBTTIQ-, Amárilis Pagán y Osvaldo Burgos, enumeraron varios factores al porqué el colectivo se opone al Proyecto del Senado 1253 que es el equivalente al Proyecto 2069 que hoy se discute.
Entre los factores, están que el proyecto de ley «es parte de un esquema concertado entre un segmento del sector religioso fundamentalista de derecha e integrantes de la clase política para imponer al «país sus creencias religiosas particulares a través de legislación».
«Este proyecto podría considerarse parte de las estrategias utilizadas por grupos de odio en los Estados Unidos y ahora en Puerto Rico», enfatizó el CABE.
El CABE detalló que algunas frases que utilizan estos grupos son que «la homosexualidad es igual a la pedofilia», «la homosexualidad destruirá a occidente», «el matrimonio gay propagará la enfermedad», «la homosexualidad es una enfermedad y como tal es prevenible y tratable» o que «las personas LGBT son enfermas, diabólicas, pervertidas e incestuosas».
El colectivo mencionó además que el proyecto de ley «daría permiso para discriminar», «no establecería una jerarquía entre derechos como excusa para fomentar el discrimen contra un grupo» y «destruye la posibilidad de lograr una sociedad plural en la cual las diferencias sean respetadas».
«Las comunidades LGBTT de nuestro país no fueron consultadas de forma alguna en relación con este o cualquier otro proyecto relacionado con libertad religiosa o cualquiera otro. Tampoco existe el llamado consenso entre los sectores religiosos», indicó el CABE.
«Lamentablemente este proyecto complace a ese sector y da la espalda a los derechos civiles de las comunidades LGBTTIQ y de otras personas en riesgo de ser marginalizadas. Fomenta, además, la nefasta idea de que reconocer los derechos humanos de un sector equivale a perseguir y discriminar a otro», abundó el CABE.
