La medida crearía un nuevo Título VI en el Código Penal para enfrentar el auge de la criminalidad digital
SAN JUAN, Puerto Rico – El vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, presentó este jueves un proyecto de ley que busca crear un nuevo Título VI en el Código Penal de Puerto Rico, dirigido exclusivamente a tipificar delitos cibernéticos. La medida incluye más de 70 nuevos artículos enfocados en conductas criminales cometidas mediante tecnología.
El proyecto responde al aumento sostenido de los delitos cibernéticos en la Isla y la falta de un marco legal actualizado para atenderlos. Entre los delitos que serían formalmente tipificados se encuentran el acceso no autorizado a sistemas informáticos, sabotaje digital, pornografía infantil, acecho cibernético, extorsión mediante “ransomware”, venganza pornográfica, usurpación de identidad, clonación de tarjetas, estafas digitales y creación de pánico económico.
La legislación propone penas que varían desde un año hasta quince años de reclusión, con agravantes en casos que afecten sistemas gubernamentales, involucren menores de edad o sean cometidos por funcionarios públicos.
Según estadísticas del FBI citadas en la exposición de motivos, en 2019 unas 839 personas en Puerto Rico fueron víctimas de delitos cibernéticos, con pérdidas ascendentes a $7.7 millones. Además, se destaca que la región del Caribe —donde Puerto Rico figura entre los cinco lugares con más incidentes— enfrenta más de 150 millones de intentos de ciberataques anualmente.
El proyecto está estructurado en seis capítulos, que cubren delitos informáticos, sexuales, contra la intimidad, la identidad, la persona y delitos económicos o colectivos. También incluye disposiciones para proteger infraestructuras críticas y establece diferencias claras entre delitos cometidos con tecnología y otros tipos de crímenes.
La medida estipula que entraría en vigor 180 días después de su aprobación y solo aplicaría a hechos ocurridos tras esa fecha. El legislador solicitó a sus colegas atenderla con urgencia, señalando su importancia para actualizar el marco legal ante los riesgos del entorno digital.
