San Juan, 5 mar (EFE News) – Los representantes populares José Varela y Deborah Soto radicaron una medida para que el Departamento de Educación cumpla con la ley que ordena que se incluyan cursos de lenguaje de señas en el currículo de las escuelas del sistema público de la isla.
La medida, según se explicó en un comunicado de prensa este viernes, busca asignar los recursos económicos y didácticos para incluir la enseñanza del lenguaje de señas en el currículo ordinario de los niveles elemental, intermedio y superior.
Además, ordena al titular de Educación mostrarle a la Asamblea Legislativa cómo se han implantado los cursos de lenguaje de señas en las escuelas.
«Es indispensable e impostergable que en nuestras escuelas se imparta como parte de los métodos de enseñanza el lenguaje de señas, de manera que el Estado garantice la integración bilateral de la población audio impedida en aras de poder brindarles una mejor calidad de vida mediante una comunicación efectiva y pragmática», dijo Varela.
Además, con la medida también se busca impulsar el reclutamiento de maestros y maestras necesarios para ofrecer el curso de lenguaje de señas, tal y como lee el Artículo 7 de la Ley 56-2018, así como realizar los nombramientos de los especialistas que supervisan al personal docente que ofrecerá el curso de lenguaje de señas, entre otros.
Por su parte, Soto, quien preside la Comisión de Educación en la Cámara, explicó que, a pesar de la aprobación de la Ley 56-2018, aprobada durante el pasado cuatrienio, que establece que estos cursos formen parte del currículo, los mismos no se están ofreciendo.
«Aún con la importancia que reviste la puesta en vigor de este estatuto, es conocido que en lo que corresponde al Departamento de Educación, no se ha cumplido con esta política pública. Esto a pesar de la necesidad imperiosa de erradicar el discrimen y la marginación de la comunidad audio impedida en Puerto Rico», subrayó Soto.
La representante, quien es maestra de profesión, añadió que incluso hubo maestros interesados en tomar cursos para prepararse al momento en que se aprobó la ley durante el pasado cuatrienio, sin embargo, todo se quedó en el aire dado que nadie veló por el cumplimiento de la misma.
«Cientos de maestros del sistema público de enseñanza, al conocer de la aprobación de esta ley, se mostraron interesados en obtener las certificaciones, lo cual comprueba el gran compromiso de nuestros maestros y maestras para lograr este cometido. No obstante, aparentemente no ha habido un similar compromiso por parte del Departamento de Educación», sentenció Soto.
