Profesor y abogado exige acción legal para frenar contrato exclusivo con New Fortress Energy
SAN JUAN, Puerto Rico – El abogado y profesor universitario Luis Aníbal Avilés Pagán radicó hoy, 30 de julio de 2025, una demanda de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan con el objetivo de obligar a diversas agencias gubernamentales a cumplir con sus deberes legales para evitar la consolidación de un monopolio verticalmente integrado sobre el gas natural en Puerto Rico.
La demanda, registrada bajo el número SJ2025CV06829, va dirigida contra la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Justicia, entre otras entidades. En el centro del pleito se encuentra el contrato exclusivo otorgado a la empresa New Fortress Energy (NFE) para operar los muelles A y B del Puerto de San Juan, además de contratos de suministro de gas natural que, según la demanda, fueron adjudicados sin procesos competitivos ni revisión regulatoria adecuada.
“Este recurso solicita algo básico: que se cumpla estrictamente con las leyes de Puerto Rico”, afirmó Avilés. “Lo que se pretende evitar es la consolidación de un monopolio privado verticalmente integrado sobre el gas natural, en violación del marco legal vigente”.
La acción legal subraya que la Autoridad de los Puertos ha mantenido en vigor el contrato exclusivo a pesar de que la planta de regasificación de NFE operó durante años sin contar con la autorización federal requerida. A juicio del demandante, esta omisión ha resultado en una negligencia regulatoria que obstaculiza el acceso de otros proveedores y vulnera el principio de competencia.
Asimismo, se señala que la Junta de Supervisión Fiscal expresó recientemente preocupación ante los contratos propuestos con NFE, advirtiendo que podrían “poner en riesgo la seguridad energética de la isla” y favorecer una estructura monopólica adversa al interés público.
Avilés también citó declaraciones recientes de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien reconoció que “Puerto Rico se encuentra en una situación casi de indefensión” frente a las condiciones impuestas por la empresa contratista. Aunque se ha indicado que el contrato es uno heredado, el profesor subrayó que el Ejecutivo sigue teniendo la responsabilidad constitucional de intervenir y corregir actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico.
La demanda destaca, además, el impacto económico de las decisiones contractuales, al denunciar que la suspensión unilateral del suministro de gas por parte de NFE ha obligado a la Autoridad de Energía Eléctrica a recurrir al uso de diésel, con un sobrecosto mensual estimado entre 14 y 21 millones de dólares, lo que se traduce en tarifas más altas para los abonados.
“Cada día que las agencias no actúan, el daño al interés público se acumula”, advirtió Avilés. “Esta demanda es un llamado a restituir la legalidad en el manejo de la infraestructura energética del país”.
El caso ahora queda en manos del foro judicial, que deberá determinar si procede ordenar a las agencias demandadas que cumplan con sus obligaciones legales frente al interés colectivo.
