San Juan, 5 de abril de 2022 (EFE) – El Departamento de Justicia radicó este martes 63 cargos contra 24 personas por participar en un esquema de fraude y falsificación de documentos al Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico (Cpepr) de $124,000.
Según informó la agencia en un comunicado de prensa, el esquema ocurrió entre febrero de 2019 y enero del 2020, y afectó las finanzas del Fondo de Compensación por Muerte e Incapacidad Permanente de la institución.
Dicho fondo fue creado con el fin de compensar a los familiares beneficiaros de los peritos electricistas colegiados que sufren muerte o incapacidad permanente, según explicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en el comunicado.
La mayor cantidad de cargos, 15 en total, los enfrenta la exsecretaria del gremio, Jennifer Ruiz Pacheco, quien, para la fecha de los hechos se encargaba de realizar todos los pagos a nombre del Cpepr, entre ellos, facturas, nómina y desembolsos de las cuentas de la entidad.
De acuerdo con la pesquisa, previo a su renuncia a principios del 2020, Ruiz preparó treinta cheques por la suma de $4,000 a nombre de cada uno de los coacusados.
Estos resultaron ser familiares y allegados de Ruiz, que no tenían vínculo alguno con el Cpepr ni con los peritos electricistas o sus familiares.
La investigación reveló que Ruiz le entregaba los cheques a un familiar, quien entonces se encargaba de darlos a los destinatarios y de asegurarse que estos los canjearan.
Al canjear los cheques, el dinero en efectivo se le entregaba a Ruiz a cambio de una pequeña cantidad que retenían.
No obstante, durante una auditoría encomendada por la nueva presidenta del Cpepr, Frances Berríos, una empleada alertó en torno a cheques duplicados a beneficiarios y un gasto excesivo en los desembolsos de la cuenta de la Comisión de Beneficencia.
De inmediato, Berríos presentó una querella ante la División Robos a Bancos de la Policía para dar paso a la investigación.
«El hecho de obtener ventaja económica de un beneficio que se creó para compensar por causa de muerte o incapacidad permanente es un acto de abuso y menosprecio por los más vulnerables», dijo Emanuelli.
Contra Ruiz se radicaron doce cargos por el Artículo 182 del Código Penal, de apropiación ilegal agravada, uno por el Artículo 202 de fraude, uno por el Artículo 217 por posesión y traspaso de documentos falsificados y uno por el Artículo 212 de falsedad ideológica.
Cada uno de los cargos conllevan penas fijas de cárcel.
De resultar convicta en todos los cargos, Ruiz se expone a una condena de hasta 8 años de cárcel.
Contra el resto de los imputados se radicaron dos cargos por el Artículo 182 de apropiación ilegal agravada, y bajo el Artículo 217, de posesión y traspaso de documentos falsificados, respectivamente.
Uno de los imputados enfrentará dos cargos por cada delito, pues canjeó dos cheques.
