La coalición denunció la nueva orden ejecutiva de Jenniffer González que exime de permisos a LUMA, Genera y otras empresas para construir proyectos con combustibles fósiles
San Juan, Puerto Rico – La coalición ambiental y comunitaria Queremos Sol denunció este miércoles que el pueblo de Puerto Rico debe proclamar “un estado de emergencia” ante lo que catalogan como una “crisis de gobernanza energética” impulsada por la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Según la organización, la nueva orden ejecutiva 2025-016 agrava la situación al ampliar facultades a empresas privadas como LUMA Energy, Genera PR, AES y EcoEléctrica, eximiéndolas de cumplir con procesos de permisos para desarrollar proyectos de generación energética con combustibles fósiles.
“La gobernadora no está resolviendo la crisis energética; la está empeorando. Es el pueblo, no el Gobierno, quien debe declarar una emergencia por la incompetencia de estas compañías y quienes las respaldan”, expresó Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de la organización Cambio y portavoz de Queremos Sol.
La ingeniera denunció que estas empresas han demostrado ser incapaces de ofrecer un servicio confiable, mientras la ciudadanía enfrenta apagones frecuentes y facturas elevadas por un servicio deficiente.
La orden ejecutiva exime a las mencionadas compañías de todo trámite relacionado con permisos, consultas o certificaciones de agencias como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta flexibilización aplica a proyectos de construcción, reparación o cualquier otra iniciativa que busque aumentar temporalmente la generación eléctrica en la isla.
Para el profesor Agustín Irizarry, catedrático de ingeniería eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y miembro de Queremos Sol, la medida no tendrá resultados inmediatos y podría traer consecuencias adversas.
“Los proyectos que buscan acelerar no van a estar listos para el verano. El propio portavoz de Genera, Iván Báez, ha admitido que las unidades averiadas no estarán reparadas para mayo. Esta orden solo elimina controles y procesos esenciales, sin resolver la crisis de generación”, alertó.
El abogado ambiental Pedro Saadé también levantó bandera sobre el peligro de eliminar requisitos de permisos.
“Esto abre la puerta a la contaminación, la destrucción de recursos naturales y la corrupción. Llevan años acelerando permisos y eso solo ha dejado daños ambientales y pobreza en las comunidades. Ahora ni siquiera habrá que notificar al público. Los proyectos se construirán sin que nadie se entere”, sostuvo.
Los portavoces de la coalición también señalaron que la Gobernadora sigue una línea política similar a la del presidente Donald Trump, gobernando mediante órdenes ejecutivas que sobrepasan leyes vigentes.
“Esto parece sacado del mismo manual. No nos sorprendería que se utilicen pretextos de emergencia para autorizar proyectos ambientalmente conflictivos, como el de Esencia en Cabo Rojo”, advirtió Myrna Conty, de la Coalición Anti-incineración.
Finalmente, la abogada y activista ambiental Ruth Santiago recalcó que las decisiones gubernamentales deben priorizar el bienestar público por encima de los intereses de empresas privadas.
“El Gobierno debe velar por la salud del sistema eléctrico y no servir de brazo ejecutor para los negocios de empresas como Genera y su matriz New Fortress Energy, que buscan expandir su infraestructura de gas a costa del ambiente y del pueblo”, concluyó.
