La organización denuncia la inclusión de figuras vinculadas a la privatización energética y rechaza la propuesta de utilizar el gas natural como alternativa de energía limpia
San Juan, Puerto Rico – El grupo multisectorial Queremos Sol, que aboga por la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico hacia uno basado en energía renovable distribuida, expresó su rechazo a la composición y los propósitos del Comité de Trabajo para la Transformación Energética de Puerto Rico, recientemente anunciado por la gobernadora electa Jenniffer González.
Según Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración y Amigos de Río de Guaynabo y portavoz de Queremos Sol, la participación de miembros con un historial de apoyo a la privatización energética plantea serias dudas sobre el futuro del sistema eléctrico de la isla. «Tenemos integrantes de ese Comité de Trabajo de administraciones pasadas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) que participaron directamente en la confección e implementación privatizadora de LUMA Energy, Genera y New Fortress Energy, que nos ha traído al desastre que enfrentamos hoy. ¿Qué cambio positivo para el país podemos esperar de personas que claramente no velan por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y en quienes no se puede confiar?», declaró Conty.
El Comité de Trabajo anunciado por González incluye figuras como el actual director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, quien también ocupó el cargo bajo la administración de Luis Fortuño. Además, se encuentra José Ortiz, ex presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, quien fue clave en la apertura de puertas a New Fortress Energy, otorgando un contrato de $1,500 millones para el suministro de gas natural. La organización destacó que bajo estos líderes, las decisiones tomadas favorecieron a las privatizadoras como LUMA y Genera, lo que, según Queremos Sol, ha contribuido al actual colapso del sistema energético.
Asimismo, Queremos Sol cuestionó la falta de representación de las comunidades y sectores residenciales en el Comité. «¿Dónde están los representantes de las comunidades y sectores residenciales del país? La selección de los miembros de este Comité continúa un patrón de favorecer al sector empresarial, por encima de los intereses de los ciudadanos que sufren la crisis todos los días, sin que se escuchen sus voces», expresó la licenciada Ruth Santiago, portavoz de la organización.
La coalición también manifestó su preocupación por la insistencia de González en promover el gas natural como una fuente de energía limpia y barata. El licenciado Pedro Saadé, miembro de Queremos Sol, refutó esta propuesta, indicando que el gas natural no es una fuente renovable y que su uso no garantizaría precios más accesibles. «El gas natural no es una fuente renovable ni limpia y no resultaría en precios más accesibles, pues también está sujeto a los vaivenes del mercado de combustibles fósiles», afirmó Saadé, quien además destacó los riesgos asociados a las instalaciones de gas y su transporte.
A pesar de que González aseguró que dará a conocer detalles adicionales sobre el Comité en una de sus primeras órdenes ejecutivas tras asumir el cargo, persisten dudas sobre la remuneración de los miembros del Comité y su relación con la estructura gubernamental existente sobre la energía eléctrica. Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol, cuestionó el propósito y los poderes de decisión del Comité, sugiriendo que sus integrantes podrían utilizar el acceso a información privilegiada para beneficiar intereses propios.
«Es necesario cuestionar qué propósito tiene este Comité y qué poderes decisionales tendría. ¿A qué información privilegiada tendrán acceso estos integrantes y cómo se evitará que utilicen este acceso y el poder que tendrán para beneficiar sus propios intereses?», planteó Vila Biaggi.
La organización Queremos Sol concluyó haciendo un llamado urgente a devolver el sistema de generación y distribución eléctrica de Puerto Rico al pueblo. Según la coalición, un modelo público y participativo permitiría aprovechar los fondos federales asignados al sector eléctrico para avanzar en la transformación hacia un sistema basado en energía solar distribuida, con el objetivo de alcanzar el 75% de energía renovable distribuida en 15 años.
