La coalición afirma que el modelo privatizado ha encarecido la electricidad, deteriorado la red y creado un monopolio energético en perjuicio del país
SAN JUAN, Puerto Rico – La organización Queremos Sol sostuvo que el llamado “triunvirato de privatización” encabezado por LUMA Energy, Genera PR y New Fortress Energy ha demostrado ser insostenible para Puerto Rico, al afirmar que el servicio eléctrico continúa deteriorándose mientras aumentan las tarifas y se multiplican los costos asociados a la mala operación del sistema.
Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol, señaló que las vistas de revisión tarifaria ante el Negociado de Energía han dejado al descubierto cómo los intereses corporativos de ambas empresas de operación, LUMA y Genera, prevalecen por encima de los intereses del país. Según Vila Biaggi, LUMA promueve contratos con su empresa matriz Quanta, generando cuestionamientos, pérdida de fondos federales y gastos no contemplados en el presupuesto, mientras intenta evadir su responsabilidad por los daños a enseres causados por los apagones. “Desde un principio, toda esta estructura privatizadora se montó a favor de estas empresas, no de los ciudadanos”, afirmó.
En relación con New Fortress, portavoces de Queremos Sol criticaron que el gobierno y la Junta de Control Fiscal continúen confiando la cadena energética del país a una empresa en quiebra. El licenciado Pedro Saadé catalogó como “una burla al país” la extensión del contrato de suministro de gas natural bajo el argumento de supuestos ahorros. A su juicio, esta decisión crea un “monopolio Genera/New Fortress” que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente por el control exclusivo del muelle en San Juan y el historial de interrupciones en el suministro.
Vila Biaggi recordó además que, cuando New Fortress fue contratada en 2019, el gobierno y la Junta aseguraron que aportaría $100 millones anuales en ahorros, algo que nunca ocurrió. Ahora, las autoridades sostienen que los nuevos acuerdos traerían $54 millones en economía, cifra que Queremos Sol descarta por considerarla poco creíble ante el historial de incumplimientos. Para la organización, si en lugar de financiar modelos privatizados se hubiese invertido en energía renovable distribuida en techos y almacenamiento, el país tendría hoy un sistema más estable y seguro.
Durante las vistas regulatorias recientes, representantes de Queremos Sol señalaron que han salido a la luz decisiones que califican de “cuestionables”, entre ellas la insistencia de Genera en convertir unidades adicionales a gas para ampliar el control energético de New Fortress. También denunciaron que LUMA asigna fondos operacionales —y no los más de $115 millones que recibe— para pagar abogados y manejar reclamaciones por daños, lo que aumenta los costos para los consumidores.
La portavoz Maritza Maymí destacó además incidentes previos, como el cese unilateral del suministro de gas por parte de New Fortress ante una disputa con la AEE, la suspensión de envíos tras el estallido de la guerra en Ucrania y el uso de remolcadores que, según la organización, no cumplen con estándares adecuados de seguridad. Estas acciones, afirmó, han puesto en riesgo la vida y la estabilidad del sistema eléctrico.
Para Queremos Sol, el desempeño de estas empresas evidencia que no cuentan con el peritaje ni la capacidad que afirmaron poseer al firmar sus contratos. La organización concluyó que es momento de terminar estos acuerdos y regresar a un modelo renovado de corporación pública, con personal especializado y sin los intereses de lucro asociados a la privatización del sistema energético.
