San Juan, 18 nov (EFEUSA) – Los portavoces de las distintas organizaciones que agrupan a los pequeños comerciantes en Puerto Rico solicitaron este lunes una moratoria en la implementación del sistema de concesión de permisos UNICO por duplicar costos, justo lo contrario de para lo que fue concebida.
En vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara baja, presidida por Víctor Parés, pidieron que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, declare una moratoria ante el hecho de que el reglamento que da vida a la ley, lejos de simplificar esta tarea, «impone unos requerimientos más complejos, que no disminuye costos, sino que los duplica y en otros casos los triplica».
Parés acogió esta recomendación para estudiar a fondo posibles enmiendas tanto a la ley de permisos como al reglamento, de modo que este último responda a la intención del legislador cuando se aprobó la medida.
Enid Monge, presidenta de la organización Empresarios por Puerto Rico, indicó que este reglamento, basado en la Ley 19 del 2017 que enmendó la Ley de Permisos del 2009, además de aumentar los costos de operación impone una aplicación retroactiva de los Códigos «que a su vez traen requerimientos nuevos y onerosos».
«Los cambios integrados no fomentan un mayor desarrollo económico, sino todo lo contrario. La realidad es que el sector empresarial no aguanta mayores costos operacionales y al final la cadena de requerimientos impone un aumento en los costos de productos y servicios, que redunda en un alza en los costos de vida para el ya abatido consumidor», dijo Monge.
Ejemplo de ello es que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), les requiere obtener permisos de uso distintos para una misma operación, y mencionó el caso de las funerarias, quienes tienen que obtener un permiso para el área de velatorio y otro para la sala de embalsamamiento, aun cuando ambos servicios constituyen componentes de una misma operación.
Jesús Vázquez, presidente electo del Centro Unido de Detallistas, y Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico, así como entidades tales como la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), la Asociación de Detallistas de Gasolina y la Asociación de Centros de Inspección de Puerto Rico, advirtieron que «de nuestro nivel de competitividad y de nuestra estabilidad dependen el sustento de miles de padres y madres de familia; dependen los ingresos al erario público y el crecimiento de la economía de la isla», por lo que recomendaron que el reglamento sufra cambios de modo que el Gobierno se desempeñe como entidad que facilite en este proceso.
