La medida de 60 días anunciada por Estados Unidos permitirá el uso de buques extranjeros para transportar petróleo y aliviar los costos en medio de tensiones en el mercado energético
SAN JUAN (EFE) – La isla de Puerto Rico va a ser una de las grandes beneficiadas de la exención de 60 días de la Ley Jones, anunciada este miércoles por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para contener la subida de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.
La Ley Jones, conocida como Ley de cabotaje, obliga a que toda mercancía que llega a Puerto Rico sea en barcos estadounidenses, lo que encarece el costo de vida de los puertorriqueños, que piden mayoritariamente que esta medida no se aplique a la isla, un Estado Libre Asociado a EE.UU..
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, se pronunció en un comunicado a favor de la decisión, que calificó como «un esfuerzo federal para estabilizar los mercados y proteger directamente las cadenas de suministros esenciales».
«Además, asegura un flujo de suministros energéticos hacia las bases e instalaciones militares americanas en ambas costas», afirmó la mandataria, que es partidaria de Trump.
Aunque destacó lo positivo de esta exención temporal, González defendió la controvertida ley, asegurando que «sigue siendo un pilar fundamental del marco económico y de seguridad nacional de EE.UU.», pese a que perjudica a Puerto Rico.
La Ley Jones, vigente desde 1920, exige que el transporte entre puertos del país se realice exclusivamente con barcos estadounidenses y protege la industria naval nacional.
Con la exención de 60 días, se permitirá que buques extranjeros transporten petróleo, gas natural y otros recursos estratégicos dentro del territorio estadounidense, en un intento por aliviar las tensiones en el mercado energético.
«Debe ser positivo porque estas empresas pueden obtener otras marinas mercantes. Además que no tengan el monopolio, las marinas mercantes norteamericanas», explicó a EFE José Alameda, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez, en el oeste de la isla.
Para Alameda, la suspensión de esta medida de emergencia repercutirá en que Puerto Rico pueda tener acceso a los 172 millones en barriles de petróleo de la reserva estratégica de EE.UU..
Alameda rememoró que también hubo una exención de esta ley cuando el huracán María devastó el archipiélago en 2017 y tras el paso del huracán Fiona en 2022.
«Aquí no hay un barco (no estadounidense) que traiga directamente cierta mercancía como petróleo», precisó Alameda, quien puntualizó que Puerto Rico importa el 85 % de los productos que consume y, de este porcentaje, el 56% proviene de EE. UU.
El Estado Libre Asociado, establecido en 1952, da a Puerto Rico cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de EE.UU. áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas.
