San Juan, 11 abr (EFE News) – El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Román, dijo este sábado que la extensión del toque de queda hasta el 3 de mayo para controlar los contagios de COVID-19, impuesta por la gobernadora Wanda Vázquez, requiere de enmiendas y aclaraciones indispensables.
La propuesta de Román proviene después de que Vázquez extendiera al 3 de mayo el acuartelamiento social para evitar elevar los infectados por el COVID-19 en la isla e implantó un nuevo horario de toque de queda entre las 09.00 de la noche a 05.00 de la mañana.
Y de acuerdo con Román, «la protección de las personas sin hogar, menores de edad, adultos mayores, personas privadas de su libertad, refugiados por los sismos, víctimas de violencia doméstica y pacientes de diversas condiciones crónicas debe ser objeto de ajustes necesarios al toque de queda».
«Algunas medidas adoptadas por el poder ejecutivo y ciertos municipios no responden a recomendaciones salubristas. Más bien se tratan de un ejercicio de control o restricción de derechos, propios de una ley marcial. Son medidas contrarias a los derechos fundamentales del pueblo ante el poder político de las autoridades», enfatizó Román.
Román dijo además que «establecer que los cierres de vías públicas, las intervenciones sin causa de la Policía o los controles a transeúntes no forman parte de ninguna recomendación salubrista ni se ha demostrado que contribuyen a reducir la propagación del virus COVID-19».
«Puerto Rico no es una monarquía y los municipios no son feudos medievales», sostuvo.
Por ello, Román resaltó que el fin legítimo del toque de queda «debe ser la prevención del contagio, y no un pretexto para el control ciudadano e individual por parte del Estado».
«Recordemos que los derechos fundamentales no se renuncian ni pueden ser suprimidos por un toque de queda mediante una orden ejecutiva. Hacemos un llamado a la sensibilidad. Estaremos vigilantes a los excesos de poder», alertó.
Román añadió que el toque de queda debe incluir expresamente el derecho de la ciudadanía a presentar aquellos recursos judiciales de emergencia reconocidos como esenciales por la Rama Judicial, como por ejemplo, la necesidad de representación legal.
Ante ello, Román mencionó que el pasado 17 de marzo, le escribió una carta a la gobernadora solicitándole reunirse con esta y el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto, ante su preocupación de que «no se ha atendido un asunto tan fundamental como el reconocer lo que la Rama Judicial ha identificado como procesos judiciales disponibles durante la emergencia».
«Se trata de un asunto de acceso a la justicia que necesita estar incluido en la orden ejecutiva», puntualizó.
