Espacios Abiertos advirtió que el gobierno concede beneficios fiscales equivalentes al 35.3% del Producto Nacional Bruto sin mecanismos adecuados para medir su impacto económico o fiscal
Puerto Rico mantiene un sistema de incentivos contributivos que representa más de $30,000 millones en ingresos no cobrados por el Estado, sin contar con mecanismos adecuados para evaluar si esos beneficios realmente cumplen con los objetivos para los que fueron creados, según un análisis divulgado por Espacios Abiertos.
El informe, titulado “Hacia una metodología de evaluación de los gastos tributarios: fundamentos conceptuales, marcos institucionales y lecciones para Puerto Rico”, analiza el Puerto Rico Tax Expenditure Report 2025 (PRTER), el documento oficial del gobierno que contabiliza exenciones, créditos, deducciones, diferimientos y tasas contributivas preferenciales otorgadas bajo el sistema contributivo.
De acuerdo con el estudio, los llamados gastos tributarios alcanzan el 35.3% del Producto Nacional Bruto, una proporción que supera el presupuesto consolidado del gobierno y que, según Espacios Abiertos, no tiene comparación con otras jurisdicciones evaluadas internacionalmente.
El análisis sostiene que estos incentivos operan en la práctica como gasto público porque representan dinero que el Estado deja de recaudar para impulsar determinadas políticas económicas o sociales.
“El gobierno retomó la publicación del informe oficial de gastos tributarios, lo cual es un paso positivo, pero todavía carecemos de evaluaciones que permitan determinar si estos beneficios funcionan o si constituyen la mejor forma de utilizar los recursos públicos”, expresó Wilmari de Jesús, analista de política pública de Espacios Abiertos y coautora del informe.
Entre los principales hallazgos, la organización destacó que casi cuatro de cada 10 gastos tributarios vigentes no cuentan con estimaciones sobre su costo fiscal, lo que limita la capacidad de medir su impacto real sobre las finanzas públicas.
El informe también señala que el PRTER 2025 incorporó cinco nuevos gastos tributarios y eliminó seis, aunque el número total de incentivos vigentes aumentó de 431 a 436.
Según Espacios Abiertos, el documento gubernamental fue publicado luego de concluido el proceso presupuestario, lo que impidió que la información fuera utilizada durante las discusiones legislativas sobre asignación de recursos.
“Mientras los gastos tributarios no se analicen junto al presupuesto, seguirán tratándose como beneficios automáticos y no como decisiones de política pública que deben evaluarse e implementarse de manera conjunta”, indicó De Jesús.
Por su parte, el economista Daniel Santamaría Ots, codirector ejecutivo de la organización, sostuvo que la falta de información básica convierte parte de la política económica del país en “un presupuesto que opera fuera del escrutinio público”.
El informe señala además que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos coinciden en que los gastos tributarios deben evaluarse no solo por transparencia, sino para determinar si son efectivos, eficientes y equitativos.
Como parte de sus recomendaciones, Espacios Abiertos propuso integrar el informe de gastos tributarios al ciclo presupuestario; establecer revisiones periódicas de los incentivos; exigir métricas y objetivos claros en toda nueva legislación contributiva; y adoptar una metodología de evaluación basada en retorno de inversión pública.
La organización también recomendó comenzar la evaluación con tres incentivos de alto impacto fiscal: los beneficios industriales bajo las Leyes 135, 73 y 60; la exención para inversionistas individuales bajo la Ley 22; y la exención contributiva sobre ingresos individuales.
