Un giro político histórico coloca la soberanía de Puerto Rico en el centro del debate en Washington

Es un autor, escritor, empresario, asesor y defensor de la soberanía nacional y la descolonización puertorriqueña radicado en Nueva Jersey y Puerto Rico. Sus libros incluyen “PREXIT: Forjando el camino a la soberanía puertorriqueña” y “Puerto Rico: Hacia una economía nacional soberana.”
Las elecciones de 2024 representaron un cambio histórico para Puerto Rico. Por primera vez en décadas, el mito de la estadidad como la “voluntad del pueblo” se desmoronó ante datos claros: el Partido Nuevo Progresista ganó la gobernación con solo el 39.44 % de los votos, y el soberanismo alcanzó su nivel más alto en la historia moderna.
En el plebiscito de estatus, la situación fue aún más evidente. Las opciones soberanistas —independencia y libre asociación— sumaron aproximadamente el 43 %, mientras que la estadidad no consiguió una mayoría real al incluir las papeletas en blanco. Puerto Rico ya no es un país controlado por una única narrativa colonial.
Este cambio político ha sido promovido por una nueva generación de estrategas soberanistas y patriotas en Puerto Rico y en la diáspora, quienes han logrado algo impensable hace unos años: situar la independencia en el foco del debate en el Congreso de Estados Unidos.
En diciembre de 2025, el congresista republicano Tom McClintock declaró que propondrá una legislación para la independencia de Puerto Rico, destacando que la descolonización es una cuestión de principios democráticos y responsabilidad fiscal. Este anuncio no fue imprevisto, sino el resultado de años de trabajo político serio, articulado y persistente.
Un evento importante ocurrió entre febrero y marzo de 2025, cuando se compartió y publicó un borrador de orden ejecutiva que esbozaba una transición ordenada hacia la independencia. Aunque no era vinculante, ese documento rompió un tabú histórico y llevó a Washington a considerar la soberanía como una opción auténtica, viable y legal.
Mientras tanto, el PNP ha reaccionado como cualquier régimen en decadencia. Con menos del 40 % de apoyo electoral, ha aprobado leyes que obstaculizan la transparencia y busca manipular otra vez el sistema electoral para mantenerse en el poder. Estas acciones autoritarias, justificadas por el colonialismo, demuestran que la estadidad no es un proceso democrático, sino una estrategia de control de la dictadura del PNP.
El costo del coloniaje tampoco puede pasarse por alto. Puerto Rico se ha convertido en un estado de dependencia constante, con una deuda impagable, una Junta impuesta y una economía orientada a beneficiar intereses externos. Para Estados Unidos, sostener este modelo implica una carga política y fiscal insostenible, valorada en cientos de miles de millones de dólares a largo plazo.
La independencia no es un salto al vacío, sino una opción racional. Facilita que Puerto Rico recupere su soberanía, cree su propio modelo económico y establezca una relación bilateral respetuosa con Estados Unidos, similar a la que mantienen otras naciones soberanas asociadas.
Hoy, por primera vez en generaciones, el viento sopla a favor de la libertad. La diáspora se organizó. Y en Washington, comienzan a escucharnos. Vendrán más reuniones y conversaciones.
Ahora les toca a los estadounidenses —republicanos y demócratas— aceptar una verdad sencilla: la independencia es la única opción justa, democrática y viable tanto para Puerto Rico como para Estados Unidos.
El proyecto del congresista McClintock merece apoyo, no por motivos ideológicos, sino por justicia histórica.
La colonia se agota. La soberanía avanza. Seguimos.





