Ante el viraje de Washington hacia más gasto militar y menos protección social, Puerto Rico enfrenta el riesgo de una crisis más profunda por su dependencia estructural de fondos federales y su falta de soberanía política y fiscal
Es un autor, escritor, empresario, asesor y defensor de la soberanía nacional y la descolonización puertorriqueña radicado en Nueva Jersey y Puerto Rico. Sus libros incluyen “PREXIT: Forjando el camino a la soberanía puertorriqueña” y “Puerto Rico: Hacia una economía nacional soberana.”
La nueva orientación política de Donald Trump, que busca incrementar significativamente el gasto en defensa y reducir notablemente los programas sociales, no debe verse únicamente como una preferencia ideológica más en Estados Unidos. Para Puerto Rico, esta agenda representa una amenaza estructural directa al modelo colonial.
No es un debate abstracto en Washington: implica una redefinición del papel del gobierno federal que podría desestabilizar seriamente la economía colonial puertorriqueña, que depende en gran medida de fondos federales, de forma intencionada, como se ha documentado ampliamente.
La política responde claramente a la necesidad de reafirmar el poder militar global de Estados Unidos ante una rivalidad creciente con China y Rusia. Sin embargo, esto implica sacrificios internos. Con una deuda pública elevada que está por alcanzar los $40 billones (trillions, en inglés) y la presión fiscal constante, el financiamiento del bienestar social se convierte en una variable de ajuste.
Programas clave como Medicaid, Medicare, ayuda alimentaria (PAN), vivienda subsidiada y otras transferencias federales (Sección 8, préstamos federales, etc.) están en riesgo de recortes, descentralización o transferencia a los estados; en nuestro caso, a un territorio colonial quebrado, sin soberanía fiscal ni monetaria.
¿Recuerdas cuando el PNP y el PPD, en plena demagogia electoral, afirmaban que Juan Dalmau eliminaría los programas y fondos federales si fuese electo gobernador? Ahora, sorprendentemente, el propio presidente Trump dice que lo hará él.
Aquí está el punto crucial: Puerto Rico no dispone de las herramientas que Washington busca delegar. No tiene control sobre la política monetaria, carece de plena autoridad fiscal independiente y no vota en las decisiones del Congreso que afectan estos aspectos. Además, su economía colonial ha sido estructurada durante más de un siglo para depender de transferencias federales, una política perjudicial que cuenta con el apoyo del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), quienes se benefician de esa dependencia y de la pobreza que esta engendra. Intentar que Puerto Rico asuma funciones de bienestar social propias, sin los poderes y recursos soberanos necesarios, es, en la práctica, condenar al país a una crisis humanitaria, social y económica de mayor magnitud.
Frente a esta situación, el silencio, o aún peor, la complacencia, de los partidos colonialistas PNP y PPD resulta preocupante y repugnante. El PNP ha basado su proyecto político en la promesa de una estadidad que, eventualmente, garantizaría la igualdad en los fondos federales.
¿Se acuerdan del lema “la estadidad es para los pobres”?
Sin embargo, ¿qué sucede cuando el propio sistema federal comienza a reducir o eliminar esos fondos federales? ¿Qué significa la “paridad” cuando la torta a repartir disminuye significativamente o Washington la tira al zafacón?
La estadidad, como solución económica, se vuelve una promesa vacía si el sistema que busca transformar está en proceso de desmantelar sus propios mecanismos de redistribución.
¿De qué sirve la paridad si no hay nada que distribuir? Y, si hay algo, ¿realmente creen que los 50 estados quieren disminuir su parte de la torta federal para entregársela a Puerto Rico? Si la estadidad estaba bien lejana y casi imposible antes, ahora está a miles de años luz de Puerto Rico y más allá de la galaxia de Andrómeda. Ni el USS Enterprise podrá alcanzarla.
Por otro lado, el Partido Popular Democrático y su comisionado residente muñocista, al defender el estatus territorial, enfrentan una contradicción similar. Su modelo colonial se basa en una relación territorial del siglo XIX en la que Estados Unidos continúe financiando el bienestar social en Puerto Rico con los mismos o más fondos federales que Trump ha dicho que eliminaría.
¿Realmente creen que Trump escuchará las palabras de Pablo José y no recortará los fondos federales para Puerto Rico? Sin embargo, esta expectativa pasa por alto una realidad política cada vez más clara: en Washington, el consenso bipartidista se ha desplazado hacia la reducción del gasto social y el fortalecimiento del aparato militar.
Confiar en que futuras administraciones estadounidenses revertirán esta tendencia sin realizar cambios estructurales profundos es, en el mejor de los casos, una apuesta incierta e improbable y, en el peor, una irresponsabilidad estratégica.
Este momento requiere claridad. Puerto Rico no puede seguir creyendo que su prosperidad económica depende de decisiones externas fuera de su control. La dependencia estructural colonial no es solo una condición económica, sino también una vulnerabilidad política. Cuando los intereses del poder colonial cambian, como claramente está sucediendo, el territorio dependiente queda vulnerable, sin mecanismos eficaces para salvaguardar a su población.
El ELA mitológico y los discursos sosos de Pablo José, así como la estadidad fantasiosa e hipotética de Jenniffer, con dos senadores y cinco representantes, no podrán salvarnos del inminente desastre social y económico que enfrenta Puerto Rico desde Washington, D. C.
Este desastre llega solo porque ellos, el PNP y el PPD, no quieren aceptar que Puerto Rico requiere soberanía para sobrevivir. Prefieren hundir el barco y ahogar al pueblo boricua antes que admitir su fracaso político e histórico.
Las consecuencias son graves. Una disminución significativa de los fondos federales podría ocasionar recortes en los servicios de salud, un aumento de la inseguridad alimentaria, de la pobreza, ya en torno al 43 %, del deterioro de la infraestructura social y una nueva oleada de emigración masiva.
La economía local, ya vulnerable, sufriría una contracción adicional al perder uno de sus principales generadores de liquidez: las transferencias federales. Este no es un escenario hipotético; es una proyección lógica basada en las tendencias políticas y fiscales observadas en las políticas que el gobierno estadounidense ha implementado y continuará implementando próximamente.
Frente a esta situación, seguir defendiendo modelos políticos coloniales que dependen de la continuidad del Estado de bienestar estadounidense resulta insostenible. Puerto Rico requiere un cambio de enfoque, una nueva dirección, una visión de futuro y un nuevo liderazgo puertorriqueño.
La soberanía nacional, ya sea en forma de independencia o de libre asociación, no es solo una idea ideológica, sino también una urgencia y una necesidad concretas en un contexto en el que el modelo colonial actual revela sus limitaciones estructurales.
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La soberanía proporciona herramientas concretas que permitirían a Puerto Rico definir su política fiscal, establecer aduanas, negociar tratados comerciales a medida, potenciar sectores económicos clave sin las limitaciones actuales y crear un sistema de bienestar social boricua adaptado a sus necesidades y recursos. Además, facilitaría relaciones internacionales más estrechas, como el acceso directo a organismos multilaterales y a acuerdos de cooperación económica que actualmente no podemos alcanzar.
Por supuesto, la transición hacia la soberanía nacional implica desafíos importantes y requiere valentía y una planificación cuidadosa. Sin embargo, lo crucial no es la existencia de dificultades, sino la habilidad para afrontarlas con recursos propios, en lugar de depender de decisiones externas y foráneas. Por ello, es urgente contar con un Plan de Transición sólido y actualizado que refleje las nuevas realidades geopolíticas y fiscales de Estados Unidos. Lo estamos trabajando.
Al final, el debate no es solo económico, sino también existencial. ¿Seguirá Puerto Rico atado a un modelo colonial a la deriva, administrado por incompetentes y vendepatrias que lo vuelven vulnerable a los cambios políticos y fiscales en Washington? ¿O Puerto Rico tomará las riendas de su destino para establecer un sistema económico y social resistente y sustentable?
Las declaraciones y propuestas recientes en Estados Unidos deben actuar como una advertencia. La era de las ilusiones y de los unicornios políticos ha llegado a su fin. Puerto Rico se encuentra en una encrucijada histórica y no puede permitirse el lujo de permanecer en silencio ni en inercia.
La soberanía nacional no es solo un sueño; en el contexto actual, se presenta como una necesidad estratégica para asegurar la existencia, el bienestar, el progreso y la dignidad del pueblo puertorriqueño.
