Contraloría detecta fraude en servicios no ofrecidos a estudiantes entre 2023 y 2024
San Juan (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico informó este jueves que una investigación suya reveló que una psicóloga cobró fraudulentamente $5,035 en terapias que nunca ofreció en la escuela elemental Eugenio Brac de Naguabo entre los años 2023 y 2024.
La investigación reveló que la especialista registró, de forma fraudulenta, que del 26 de septiembre de 2023 al 27 de marzo de 2024 dio 77 terapias a 23 estudiantes, indicó la Contraloría en un comunicado.
A su vez, la profesional, contratada por una compañía privada bajo la Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional del Departamento de Educación, facturó 39 servicios que correspondía a periodos fuera del horario escolar, en ausencia de los maestros y estudiantes, e incluso en días de sábados.
La psicóloga facturó adicionalmente 38 servicios de psicología en días y horas que se encontraba trabajando en una tienda ubicada en un centro comercial.
De acuerdo con la auditoría, del 1 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024, la especialista cobró $73,800 por 1,125 terapias.
Los auditores, por su parte, validaron con cinco padres de estudiantes que sus hijos no habían recibido terapias fuera del horario escolar y que las firmas en 31 certificaciones de servicios mensuales no eran las suyas, ni habían autorizado a nadie firmar por ellos.
Asimismo, tres educadoras declararon ante un tribunal que algunos documentos de la compañía tenían firmas de maestros falsificadas.
Al respecto, se pudo haber configurado delitos tipificados en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico.
Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia el 21 de febrero de 2025 para que evaluara la posible violación de leyes y/o reglamentos, y al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales para que tome las medidas que estime pertinentes.
La Contraloría recomendó también a la jefa de la Oficina del Inspector General que considere ampliar el alcance de la revisión de los servicios facturados por la psicóloga, y al secretario de Educación que tome las medidas administrativas pertinentes.
