Dos proyectos del senador Héctor «Gaby» González López plantean avisos en quioscos de activos virtuales y un programa voluntario de acompañamiento
SAN JUAN, Puerto Rico
El senador por el distrito de Arecibo, Héctor «Gaby» González López, anunció la radicación de dos proyectos para atender modalidades de fraude financiero contra personas mayores y facilitar el acceso a redes de apoyo para quienes viven en aislamiento. Las medidas, identificadas como Proyectos del Senado 1458 y 1462, están en etapa legislativa y sus disposiciones aún no son ley.
Según la descripción divulgada por el legislador, el PS 1458 enmendaría la ley sobre explotación financiera de adultos mayores y personas con impedimentos para reconocer prácticas como la clonación de voz e imagen, la suplantación mediante inteligencia artificial y las solicitudes de pagos por activos virtuales, tarjetas de regalo o transferencias electrónicas.
El proyecto incluiría entre las señales de posible fraude los mensajes que aparentan proceder de un familiar o institución confiable y exigen una respuesta urgente o secreta. González López sostuvo que la propuesta no crea un delito nuevo, sino que busca actualizar las herramientas de prevención existentes.
También exigiría que los cajeros o quioscos de activos virtuales sujetos a la jurisdicción de Puerto Rico presenten advertencias en español e inglés antes de completar transacciones. Los avisos indicarían, entre otras cosas, que una agencia legítima no exige pagos mediante esos equipos y que las transferencias pueden ser irreversibles.
Otro mecanismo permitiría a la persona protegida designar voluntariamente un contacto de confianza para situaciones en las que una institución tenga fundamentos razonables y documentados para sospechar explotación financiera. Esa designación no daría control de las cuentas al contacto y podría revocarse.
El PS 1462, por su parte, propone crear Conecta 60+ bajo la coordinación de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada. La participación sería voluntaria y la persona podría retirarse sin perder otros servicios o beneficios.
El programa procuraría coordinar recursos públicos, municipales y comunitarios existentes, incluidos llamadas de bienestar, referidos, transportación y acceso a servicios. Durante huracanes, terremotos o interrupciones prolongadas de servicios, contempla contacto prioritario con participantes de mayor riesgo que hayan consentido. No sustituiría al 9-1-1 ni a los planes oficiales de emergencia.
De acuerdo con el senador, la implantación comenzaría con recursos existentes y acuerdos de colaboración, sin obligar fondos que no cuenten con asignación. Los textos radicados y su trámite legislativo deberán examinarse para confirmar el alcance definitivo de cada propuesta.
