Expertos alertan sobre los riesgos de una legislación sin fundamentos científicos precisos
SAN JUAN — La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes comenzó la evaluación del Proyecto de la Cámara 25 (P. de la C. 25), una medida legislativa que busca enmendar la “Ley de Muelles y Puerto Rico” de 1968 y la “Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales” de 1977. El objetivo principal es atemperar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) utilizando como criterio el alcance de las mareas.
La iniciativa, presentada por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, propone definir la ZMT como el espacio de costa que cubre el mar hasta donde llega el mayor desplazamiento de la marea durante los equinoccios. Esta redefinición sustituiría prácticas actuales donde se utilizan otros indicadores físicos y biológicos, como la vegetación costera.
Durante la vista pública del 20 de mayo en El Capitolio, el Agrimensor del Estado, Marcos Colón Mercado, se expresó a favor del proyecto. Indicó que el uso del promedio de la marea más alta como referencia resolvería la falta de claridad en la legislación vigente. Aun así, sugirió mejoras al lenguaje del proyecto para precisar mejor qué se entiende por “marea más alta”, además de proponer que se utilice el nivel medio del mar como punto de referencia.
Colón Mercado también recomendó la creación de un reglamento independiente, ya que el actual Reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) apenas dedica espacio al tema de las mareas. Actualmente, ese reglamento abarca asuntos como manglares, estuarios, dunas y marinas, pero no ofrece definiciones técnicas adecuadas sobre la ZMT. “Actualmente no hay un reglamento que cubra específicamente el tema de las mareas”, subrayó.
En su alocución, el funcionario hizo hincapié en que el DRNA ha interpretado la ley de forma amplia y, en ocasiones, ha extendido la ZMT hasta donde llega la vegetación, lo cual no está claramente definido en la legislación existente. “Esta enmienda es muy buena, pero como se ha hecho hasta ahora el DRNA se excederá a lo establecido aquí…”, advirtió Colón Mercado, recalcando la importancia de que se adopte el nuevo lenguaje sin diluirlo.
La secretaria auxiliar de Permisos del DRNA, Ivelisse Espinosa, también apoyó el proyecto, aunque hizo varias observaciones importantes. Recomendó aclarar cuál equinoccio será utilizado como parámetro, dado que en el de verano el agua cubre menos tierra y en el de invierno más. También sugirió añadir lenguaje que excluya “el movimiento de las aguas una vez la ola rompa y se desplaza gradiente arriba…”, para evitar interpretaciones erróneas sobre el límite de la marea.
Espinosa reveló que el DRNA tiene 177 casos pendientes de deslindes en la ZMT desde 2017, en parte por la falta de agrimensores de carrera dentro de la agencia. Como solución provisional, han recurrido a contrataciones por servicios profesionales.
Julio Figueroa Carrillo, presidente de la Asociación de Agrimensores de Puerto Rico, propuso que la división de agrimensura del DRNA se convierta en un ente técnico autónomo, libre de la influencia legal y administrativa actual. Según explicó, la división está ahora bajo la Secretaría Auxiliar de Permisos y sujeta a la División Legal, lo que —a su juicio— limita su capacidad de actuar con objetividad científica. Propuso además la creación de un reglamento independiente conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes (LPAU) y el artículo 4 de la Ley Ambiental.
La representante Elinette González Aguayo, presidenta de la Comisión, cerró la vista enfatizando que “los proyectos no están escritos en piedra”, y reafirmó que las vistas públicas buscan recoger diversos insumos técnicos y ciudadanos. Adelantó que en la próxima audiencia se recibirán ponencias de otras agencias como el Departamento de Justicia y la Asociación de Constructores, así como de organizaciones ambientales.
También participaron en la audiencia los representantes Adriana Gutiérrez Colón, Lisie J. Burgos Muñiz, Luis Junior Pérez Ortiz, Luis Josean Jiménez Torres, Wilson J. Román López, Jorge Navarro Suárez y Edgardo Feliciano Sánchez.
Con este proyecto en evaluación, se reabre el debate sobre cómo definir y proteger una de las zonas más frágiles y disputadas del territorio puertorriqueño. La redefinición de la ZMT no es un mero tecnicismo legal: se trata del acceso, la conservación y el futuro del litoral boricua.
