San Juan, 4 de abril de 2022 (EFE) – Un proyecto del Senado de Puerto Rico que busca restringir el derecho al aborto pasadas las 22 semanas de gestación ha despertado gran controversia en la isla y, finalmente, fue este lunes devuelto a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia.
El proyecto ha dividió al propio Partido Popular Democrático (PPD), que lo presentó, y ha generado críticas de distintos sectores políticos, sociales y médicos, lo que llevó a que hoy no se votara la medida y se decidieran celebrar vistas públicas.
«En ánimo de que todo el mundo pueda reiterar sus opiniones y se puedan destacar datos muy importantes, apoyaremos la celebración de vistas públicas», indicaron la víspera en un comunicado el presidente del Senado y del PPD, José Luis Dalmau Santiago, y otros senadores.
Así reculó Dalmau Santiago ante las presiones, después de que la semana pasada afirmara que una persona implicada en un aborto de un feto «viable» está cometiendo un «asesinato» y defendió no celebrar vistas públicas.
La pieza legislativa pretende restringir el aborto cuando un médico determina que el feto es viable o cuando el embarazado ya ha cumplido 22 semanas de gestación, mientras que en Puerto Rico es actualmente un derecho constitucional fundamental amparado en el derecho a la intimidad.
Una de las senadores que urgió a que la medida fuera atendida por la Comisión de la Mujer fue Ana Irma Rivera Lassén, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
«Yo estoy de acuerdo con que ese proyecto no es necesario, que debería retirarse, que lo que se ha creado es una ficción de una crisis que no existe», dijo hoy Rivera Lassén.
El Proyecto del Senado 693, que busca crear la Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad, fue aprobado el 29 de marzo en una votación interna de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, donde obtuvo 10 votos a favor y tres en contra.
La mayoría de sus detractores han denunciado que la determinación de viabilidad del feto es un asunto enteramente médico y no legislativo y que el proyecto no contó con la opinión pericial del Departamento de Justicia, el Departamento de Salud, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y otros grupos profesionales.
La Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Accesible, aseguró hoy que ha sido «un proceso amañado y antidemocrático» y exigió la retirada del proyecto.
«Aprobar un proyecto que resta derechos fundamentales, que elimina e impone criterios médicos y que pone en peligro la vida de mujeres y personas gestantes sin participación pública, atenta contra los elementos más básicos de la democracia», dijo Patricia Otón, abogada, salubrista e integrante de Aborto Libre PR.
Por su parte, desde el Proyecto Matria, su directora ejecutiva Amárilis Pagán, subrayó que se está intentando «sustituir el criterio médico y la capacidad de decisión de las mujeres por el criterio subjetivo de sus proponentes».
