DTOP, Seguridad en el Tránsito y médicos coinciden en la necesidad de control, mientras legisladores advierten vacíos sobre seguridad y uso en carreteras
SAN JUAN, Puerto Rico – La propuesta para regular la circulación de vehículos todo terreno, carritos de golf y vehículos de baja velocidad en las vías públicas provocó un intenso debate durante las vistas públicas de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, en las que participaron agencias del Gobierno, legisladores, el sector médico, la Policía y representantes municipales.
El Proyecto de la Cámara 1018 busca enmendar múltiples artículos de la Ley Núm. 22-2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, para establecer un sistema uniforme de registro digital, clasificar estos vehículos, autorizar su circulación bajo condiciones de seguridad, delimitar zonas restringidas, crear mecanismos de fiscalización, disponer campañas educativas y establecer un periodo especial de amnistía para el registro.
Durante la vista, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo, aclaró que la medida no persigue permitir que los carritos de golf transiten por autopistas. Explicó que se trata de vehículos de baja velocidad y que las autopistas del país están diseñadas para un tránsito mínimo de 65 millas por hora, muy por encima de la capacidad de este tipo de unidades.
El funcionario indicó que la implementación de la medida busca uniformidad regulatoria, visibilidad mediante identificación, inspección mecánica, exámenes a los conductores y la exigencia de seguros de responsabilidad pública, en consonancia con la política pública del DTOP. Añadió que, tras una eventual aprobación, el reglamento se desarrollaría mediante vistas públicas bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
No obstante, varios legisladores expresaron preocupación por la falta de definiciones claras en el proyecto. El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, José “Cheito” Hernández Concepción, sostuvo que aunque es necesario crear un registro y tablillas, no se puede permitir el tránsito en carreteras sin que la ley establezca de forma expresa las condiciones y justificaciones, en lugar de dejarlo únicamente a reglamentación administrativa.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, advirtió que la Asamblea Legislativa no tiene intención de delegar completamente la autoridad regulatoria a las agencias cuando se trata de seguridad vial. Señaló como ejemplo la situación en Vieques y Culebra, donde carritos de golf con tablillas circulan sin una supervisión efectiva, trasladando la responsabilidad de seguridad a quienes los alquilan, cuando, a su juicio, debe recaer en el Estado.
Méndez Núñez también alertó que, según la redacción actual, el proyecto no prohíbe de forma explícita que estos vehículos transiten por avenidas y hasta autopistas, lo que podría entrar en conflicto con reglamentación federal. Indicó que actualmente se observan carritos de golf transitando por vías como la PR-3, considerada un expreso, sin fiscalización adecuada.
Durante la vista, los legisladores solicitaron el estudio del Comité sobre Vehículos Todo Terreno que dio paso al proyecto. Ante ese reclamo, se concedió un término de cinco días laborables al director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), José González Mercado, para consultar con la gobernadora sobre la divulgación del documento.
González Mercado defendió la medida al señalar que responde de forma necesaria, moderna y responsable al crecimiento acelerado del uso de vehículos todo terreno, vehículos de baja velocidad y carritos de golf en las vías públicas. Expuso que durante años el país ha enfrentado problemas de seguridad vial y de orden público por la circulación irregular de estos vehículos, muchos sin registro, inspección, seguro ni requisitos mínimos de seguridad.
El proyecto propone un sistema unificado de registro digital con tablilla y marbete electrónico especializado, integrado con la Policía de Puerto Rico, policías municipales, el DTOP, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, con el fin de fortalecer la fiscalización. También crea la autorización de circulación “Street-Legal”, condicionada a inspección mecánica, equipo de seguridad, póliza de responsabilidad pública y adiestramiento del conductor.
La pieza legislativa incluye además sanciones más severas, la posibilidad de confiscación inmediata, un periodo de amnistía especial para regularizar vehículos sin penalidades y la implementación de campañas educativas a nivel isla sobre el uso responsable de estos vehículos.
El sector médico respaldó la regulación, pero advirtió sobre los riesgos a la salud pública. El director médico del Hospital de Trauma de Puerto Rico, Pablo Rodríguez-Ortiz, reclamó que cualquier autorización de circulación esté sujeta a condiciones estrictas que reconozcan el alto costo humano y económico de las lesiones asociadas a los “four tracks”. Señaló que estos vehículos carecen, en su mayoría, de mecanismos de protección como cinturones diseñados para colisiones de alta energía, estructuras de absorción de impacto y bolsas de aire.
Rodríguez-Ortiz indicó que los reportes clínicos documentan una alta incidencia de trauma craneoencefálico, lesiones cervicales y contusiones torácicas o abdominales complejas, y confirmó que niños y adolescentes representan un porcentaje significativo de las hospitalizaciones por accidentes con estos vehículos. Aunque no se opuso al proyecto, insistió en que la evidencia clínica debe formar parte del análisis legislativo.
En la misma línea, el director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), Regino Colón, endosó la legislación al entender que la regulación protegerá vidas y fortalecerá la seguridad vial. El asesor legal de la ASEM, Rafael Fabre, sostuvo que la medida adelanta controles para una práctica que seguirá ocurriendo con o sin intervención legislativa.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA), Wanda Ortega, favoreció las enmiendas, pero recomendó incluir primas obligatorias anuales para vehículos todoterreno, diferenciando entre uso agrícola y uso general, así como el registro de todos estos vehículos para cubrir los gastos médico-hospitalarios de los lesionados. Advirtió que la inclusión de esta categoría podría impactar la ACAA por el aumento en reclamaciones.
La Federación de Alcaldes, en cambio, presentó un memorial en rechazo al proyecto y propuso limitar la circulación de estos vehículos a vías secundarias, terciarias o caminos vecinales.
Tras las ponencias, Hernández Concepción adelantó que la legislación sufrirá enmiendas y que se convocarán más vistas públicas para evaluar el proyecto con responsabilidad. Afirmó que la discusión continuará, con el objetivo de aprobar una medida que permita controlar una problemática que impacta la seguridad vial y el orden público en Puerto Rico.
