San Juan, 23 feb (EFE News) – El senador de Carolina y portavoz popular en el Senado, Javier Aponte, informó este martes que radicó el Proyecto del Senado 200, con el que pretende eliminar la práctica de que los alcaldes sean sucedidos por familiares.
Según explicó el legislador en un comunicado de prensa e hijo del fenecido alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, su intención con la medida es eliminar la práctica de que las alcaldías se conviertan en dinastías familiares sin que medie un proceso de elección democrática.
«La Ley de Municipios Autónomos reconocía originalmente un proceso de asamblea cuando surgía una vacante de alcalde. Posteriormente, la Ley se enmendó para que se establecieran procesos de primarias con ciertas limitaciones», dijo.
Sin embargo, según afirmó, «esa disposición fue derogada por la pasada administración para atornillar a algunos alcaldes cuya filosofía ha sido dejar a sus hijos para supuestamente continuar su legado perpetuando la hegemonía y el control que tienen sobre los destinos de sus municipios».
El portavoz senatorial explicó que luego de la aprobación del Código Municipal se pretendió corregir esta situación al estipular claramente que si la vacante en el cargo de alcalde ocurre en años en el que no se celebren elecciones generales, siempre tendrá que celebrarse una primaria entre los afiliados del partido en el que surge la vacante.
Sin embargo, la referida ley no impulsó un esquema similar cuando la vacante en el cargo ocurre en un año electoral o que el alcalde electo tome posesión y deje el cargo dejando así la puerta abierta para que se continúen con estas dinastías familiares, agregó.
«El estado de derecho actual es antidemocrático y completamente anacrónico en los momentos que vivimos», criticó Aponte.
«No tenemos problemas en que un familiar, allegado o quienquiera pretenda ocupar la poltrona municipal una vez surja la vacante, pero tiene que ser respetando el ejercicio del derecho al voto, que es la base fundamental de nuestro sistema democrático y es a través del cual se expresa la verdadera voluntad del pueblo», resaltó.
Aponte también presentó el Proyecto del Senado 201, que propone además realizar otras enmiendas al Código Municipal en torno a la delegación de funciones a las Asambleas Municipales para que puedan aprobar e imponer sanciones penales por violación a las ordenanzas y resoluciones municipales.
«El hecho de que las Asambleas Municipales puedan aprobar sanciones penales en sus ordenanzas es transferir erróneamente una competencia de la Asamblea Legislativa estatal», opinó.
Ante ello, sostuvo que la delegación de poderes a los municipios «debe tomar en consideración la uniformidad, velar por la economía procesal y evitar la duplicidad de mecanismos fiscalizadores».
«Por eso, estoy promoviendo estas enmiendas para que las legislaturas municipales puedan legislar sanciones administrativas y no sanciones penales que nos corresponde legislar a nosotros», puntualizó.
