Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – La persecución oficial es ahora contra los conservadores. Eso dijeron hoy la plana mayor y seguidores del Proyecto Dignidad, quienes sometieron una querella en la Oficina de Ética Gubernamental contra el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, por sus expresiones a favor del aborto, que calificaron de prejuiciadas y discriminatorias en contra de los conservadores.
Criticaron además la inacción del Gobernador Pedro Pierluisi, a quien catalogaron de incapaz de entender “las repercusiones de las expresiones del secretario de Justicia ante un gran sector conservador del País”.
“En Puerto Rico hemos sufrido y palpado como pueblo, lo que es que el Estado, con su fuerza de ley, imponga medidas de persecución, procesamiento y violación a sus derechos de libertad de expresión y asociación. No podemos darnos el lujo de abrir las puertas nuevamente a actuaciones que puedan hacernos volver al tiempo de la ley de mordaza, el carpeteo y el encausamiento criminal en contra de ciudadanos y funcionarios electos por el simple hecho de su afiliación o creencias políticas y religiosas” declaró el presidente del partido Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz.
“Permitir que se pase por alto las expresiones del Secretario de Justicia hechas el 25 de mayo de 2023, es simplemente dejar que la semilla de los prejuicios y el discrimen por ideas políticas y religiosas germinen sin interrupción dentro de la estructura de justicia de nuestro Puerto Rico” puntualizó el también cardiólogo, Vázquez Muñiz.
La querella vino como consecuencia de la controversia que hubo en torno al proyecto del Senado 495 para limitar el aborto entre las menores de edad, estatuto que criticó fuertemente Emanuelli Hernández. Posteriormente, el gobernador no sólo le dio un espaldarazo el Secretario de Justicia, sino que se opuso a la medida.
Hace casi un mes, exactamente el pasado 26 de mayo, el PD exigió la renuncia de Emanuelli Hernández como consecuencia del intercambio que este tuvo en una vista pública ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia con la senadora Joanne Rodríguez Veve, autora de la medida antiaborto. Alegaron entonces que el Secretario de Justicia demostró “su incapacidad de ejercer el título que ostenta para todos los puertorriqueños, porque para un gran sector discrimina con sus expresiones”.
Hoy líderes del PD tuvieron una rueda de prensa frente al edificio de Ética y reafirmaron que se debe investigar a Emanuelli Hernández porque incurrió en comportamiento partidista, a lo cual está impedido por ley. Alegaron que entró en el ámbito político en el careo con Rodríguez Veve cuando en la vista pública en el Senado le dijo “usted y el movimiento al que usted pertenece”
“En este planteamiento le estamos solicitando a esta oficina que comience una investigación al amparo del Artículo 7.1 de la Ley de Ética Gubernamental, por llevar a cabo una acción que pone en duda la imparcialidad e integridad del secretario de Justicia en su función gubernamental. Esto es una violación clara al Artículo 4.2(s), de la Ley de Ética Gubernamental”, dijo César Vázquez, presidente del Proyecto Dignidad.
“A su vez, el secretario de Justicia ha incurrido en un claro conflicto de interés y una violación a la Ley 178-2001, según enmendada, en su Artículo 2(10), 16 L.P.R.A. § 524 (10), la cual dispone de manera puntual que el secretario de Justicia de Puerto Rico no podrá “hacer expresiones públicas sobre asuntos de naturaleza político partidistas”, añadió.
Los líderes del PD alegaron que hay un claro conflicto porque entre la responsabilidad que tiene el puesto de secretario de Justicia está la de asumir la representación legal de empleados públicos, incluyendo a la propia senadora Rodríguez Veve.
También dijeron que quien sea titular de Justicia tiene la capacidad y autoridad para iniciar investigaciones civiles y criminales, así como autorizar el inicio de un proceso criminal en contra de cualquier ciudadano o entidad en Puerto Rico, lo que le obligan a actuar en completa imparcialidad con relación a las ideas políticas y/o religiosas de los ciudadanos, así como su libertad de asociación.
“Es precisamente la Oficina de Ética Gubernamental una de las murallas que nuestro pueblo ha erguido para que le protejan del asalto proveniente de los que quieren adscribirse como parte del andamiaje del Estado, la capacidad de violentar los derechos fundamentales que garantizan nuestras libertades ciudadanas, sobre todo la expresión libre y clara de nuestras ideas políticas y religiosas”, manifestó Vázquez.
