La medida presentada por Joel Franqui Atiles impondría requisitos anticorrosivos y garantías de hasta 10 años en proyectos financiados con fondos públicos
SAN JUAN, Puerto Rico
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes propone obligar el uso de materiales y tratamientos resistentes al salitre en carreteras, puentes, paseos costeros y otras obras públicas construidas en zonas expuestas al ambiente marino.
La medida, radicada por el representante Joel Franqui Atiles bajo el Proyecto de la Cámara 1284, busca establecer requisitos obligatorios de protección anticorrosiva para estructuras financiadas con fondos públicos con el objetivo de extender su vida útil y reducir gastos por reparaciones prematuras.
“Si vamos a invertir dinero público en infraestructura, tenemos que procurar que esas obras duren más tiempo y ofrezcan servicios seguros y de calidad a la ciudadanía”, expresó Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara.
La propuesta aplicaría a proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y remodelación realizados por el Gobierno de Puerto Rico, agencias, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios en zonas expuestas al salitre. También incluiría obras fuera de la franja costera si estudios técnicos determinan riesgo de corrosión acelerada.
Entre los requisitos del proyecto figura el uso de acero, tornillería, luminarias y otros componentes metálicos con tratamientos certificados para ambientes de alta salinidad, así como especificaciones especiales para concreto expuesto al ambiente marino.
La medida también obligaría a los contratistas a presentar planes de protección anticorrosiva antes del inicio de las obras y permitiría inspecciones durante las distintas fases de construcción para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Además, establece una garantía mínima obligatoria de 10 años para contratistas en proyectos cubiertos por la ley. Durante ese periodo, tendrían que reparar o sustituir sin costo defectos relacionados con corrosión o deterioro prematuro asociado al ambiente marino.
Los incumplimientos podrían conllevar multas administrativas de entre 1,000 y 10,000 dólares, además de sanciones contractuales y suspensión de trabajos.
Según Franqui Atiles, la medida surge ante el deterioro acelerado que enfrentan estructuras ubicadas en municipios costeros debido a la exposición constante a la salinidad.
