Buenos Aires, 28 dic (EFE) – El Gobierno de la provincia argentina de Mendoza (oeste) anunció la derogación de la ley de reforma minera que habilitaba el uso de químicos como el cianuro, tras las masivas manifestaciones populares de los últimos días en contra de la normativa ante el riesgo de una contaminación del agua.
«El pueblo es soberano y nosotros lo escuchamos», manifestó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, tras mantener una reunión con alcaldes y legisladores provinciales, en la que acordaron enviar el proyecto de derogación de la ley 9.209 este lunes a la Legislatura, donde lo tratará la Cámara de Senadores y más adelante la de Diputados.
De este modo, si es aprobada por ambas cámaras se restablecerá por completo la ley de minería 7.722, que se implementó en 2007 y prohibía el uso de sustancias químicas contaminantes como el cianuro y el ácido sulfúrico en la industria minera metalífera.
La reforma impulsada por el nuevo gobernador provincial, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, modificó la normativa para permitir el uso de estos químicos en la minería, lo que habilitaría nuevos proyectos para extraer oro, cobre y otros minerales.
«Lo hice en el convencimiento de que la matriz productiva de Mendoza tiene que crecer. Además, dije que las decisiones no solo tienen que ser legales, sino también tienen que ser legítimas, y nosotros escuchamos», declaró Suárez este viernes.
Estos cambios legislativos generaron un amplio rechazo popular y multitudinarias manifestaciones en distintos puntos de Mendoza hasta converger en una masiva marcha el lunes pasado en la capital del distrito, a unos mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, que dejó un saldo de 40 detenidos y varios heridos.
Ambientalistas y ciudadanos alertaron del riesgo de contaminación de los cauces de agua que bajan de las altas cumbres de la cordillera de los Andes y que son indispensables para la supervivencia humana y la producción en viñedos y otras plantaciones agrícolas.
«Nosotros impulsábamos una ley de manera tal para posibilitar el crecimiento económico de la provincia en base a dos condiciones: una que era bajo estrictos controles, y la otra, bajo consenso o licencia social. Evidentemente, esa licencia social no existe en la provincia», expuso el gobernador.
El pasado jueves ya suspendió la aplicación de la reforma de la ley y horas antes de hacerlo, el ministro argentino de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, expresó su «preocupación» por la protección del agua en Mendoza porque su cartera «tiene competencia a partir de la ley de glaciares y de la ley de gestión ambiental del agua».
Tras anunciar la derogación, Suárez pidió que «cesen los cortes y las protestas que no tiene razón de ser», ya que aseguró que su Gobierno les escucha.
