San Juan, 2 de septiembre – Las organizaciones Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público y El Puente-Enlace Latino de la Acción Climática presentaron un recurso legal en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra del Departamento de Hacienda y el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) para que se les ordene entregar información sobre el alegado uso de fondos especiales para la protección ambiental que pudieron ser transferidos para el pago de la deuda.
Las organizaciones tienen como misión realizar una auditoría ciudadana de la deuda de Puerto Rico.
«Como parte de sus trabajos, la Comisión Ciudadana se encuentra colaborando con El Puente con miras a estudiar el impacto que el proceso de endeudamiento público de Puerto Rico, y las medidas de austeridad adoptadas durante los pasados 20 años, han tenido sobre la protección ambiental en Puerto Rico y sobre la capacidad del Gobierno para cumplir y ejecutar políticas públicas sobre conservación y protección ambiental”, expresó en comunicado de prensa Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana.
Por su parte, Federico Cintrón Moscoso, director de programa El Puente, dijo que desde el pasado 25 de mayo se le solicitó la información a ambas agencias sobre el depósito, manejo y transferencias de varios fondos especiales para la conservación ambiental, con la intensión de entender cómo la deuda impacta la protección del ambiente.
“Según fue denunciado por varias organizaciones ambientales el pasado año se estaría transfiriendo un sobrante de fondos especiales para la conservación ambiental hacia un fondo nuevo creado por la Junta de Control Fiscal para el pago a los bonistas. Esta información es crucial para ayudar a entender cómo la crisis fiscal y el pago de la deuda tiene impacto en la conservación y protección de nuestros recursos naturales”, dijo Cintrón Moscoso.
Los grupos indicaron que Hacienda les entregó parte de los documentos solicitados, sin embargo, el DRNA hizo caso omiso a la solicitud.
“El Departamento de Hacienda hizo entrega parcial de la información y el Departamento de Recursos Naturales no ha respondido ninguna de nuestras comunicaciones en clara violación a lo dispuesto en la Ley de Transparencia de Puerto Rico y al derecho constitucional de acceso a la información pública que rige en nuestro país, por lo que nos vimos forzados a presentar este recurso legal”, añadió la licenciada Prados.
