El reportaje sostiene que fiscales tenían evidencia contra confinados y personal correccional, pero los cargos electorales no fueron incluidos en la acusación federal
SAN JUAN, Puerto Rico
Una investigación de ProPublica publicada este martes reveló que fiscales federales en Puerto Rico investigaron un alegado esquema en el que una ganga carcelaria habría intercambiado drogas por votos a favor de la hoy gobernadora Jenniffer González-Colón durante el ciclo electoral de 2024.
Según el reportaje, investigadores federales reunieron evidencia sobre la presunta participación de confinados y empleados correccionales, mientras examinaban si González-Colón o su campaña estuvieron involucrados. La gobernadora no ha sido acusada de delito, y ProPublica informó que declinó solicitudes de entrevista y no respondió preguntas escritas enviadas a su equipo de comunicaciones.
La publicación identifica a Los Tiburones, también conocidos como Grupo 31, como la organización que presuntamente controlaba la distribución de drogas dentro de instituciones penales. De acuerdo con ProPublica, el esquema incluía amenazas de violencia, retención de drogas y otras formas de presión para influir en el voto de confinados.
El reportaje sostiene que, aunque los fiscales describieron el alegado esquema en una acusación federal presentada en diciembre de 2024 contra 34 personas por delitos relacionados con drogas, lavado de dinero y armas, no se incluyeron cargos por fraude electoral.
ProPublica también informó que, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, el fiscal principal del caso, Jorge Matos, fue instruido a no continuar la investigación, según cuatro personas familiarizadas con el proceso. La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico indicó al medio que no comenta investigaciones abiertas fuera de comunicados o conferencias de prensa.
La oficina federal sostuvo, además, que procesar casos contra funcionarios corruptos sigue siendo una prioridad y que actuará cuando exista evidencia admisible suficiente. El Departamento de Justicia federal negó que la fiscal general Pam Bondi o el fiscal general interino Emil Bove participaran en decisiones investigativas o de radicación en el caso.
El reportaje añade que la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico reportó dificultades para acceder a varias cárceles durante la votación adelantada de las elecciones generales de 2024 y documentó problemas relacionados con la privacidad del voto de confinados.
