San Juan, 14 de septiembre de 2021 (EFE) – La Portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, radicó en la tarde de ayer la Resolución Concurrente de la Cámara 32, que busca eliminar cuatro órdenes ejecutivas relacionadas a la vacunación obligatoria emitidas por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.
Las medidas presentadas por Burgos el lunes proponen eliminar las Órdenes Ejecutivas 2021-058, OE-2021-062, OE-2021-063 y OE-2021-064, según detalló la también portavoz de Proyecto Dignidad en un comunicado de prensa.
De aprobarse tal Resolución, quedaría sin efecto la obligación de los patronos, tanto públicos como privados, de exigir a sus empleados evidencia de vacunación o resultado negativo semanal de covid-19, explicó Burgos.
Además, esta Resolución eliminaría la obligación de los comercios de exigir evidencia de vacunación o prueba negativa a sus visitantes.
«La Resolución que radiqué en la tarde de ayer, lo que busca es eliminar todas aquellas Órdenes Ejecutivas que imponen un ambiente de segregación en el pueblo de Puerto Rico», explicó.
«Es irrazonable que a los vacunados no se les exija una prueba negativa en sus trabajos o en los comercios, cuando sabemos que los vacunados también pueden contagiarse y transmitir el virus», indicó.
Según dijo Burgos, un vacunado puede contagiarse en su trabajo o en un negocio, y luego transmitir el virus-19 a un familiar en su casa, independientemente si dicho familiar se encuentra o no vacunado.
«Por esta razón, las Órdenes Ejecutivas del gobernador no buscan detener el contagio, más bien son Órdenes coercitivas para presionar a la ciudadanía a vacunarse. Me reitero que gobernar a través de la coerción y la intimidación es muy peligroso para nuestra democracia», abundó.
Burgos, no obstante, dijo que su Resolución deja intacta la Orden Administrativa 512 del Departamento de Salud de Puerto Rico, que implica que toda operación privada o pública, en lugares cerrados, continuará exigiendo a sus visitantes el uso de mascarilla, independientemente estos se encuentren vacunados o no.
«Por otro lado, en lugares abiertos, todas las personas, vacunadas y no vacunadas, deberán utilizar mascarilla cuando no puedan guardar el distanciamiento social de seis pies. De esta manera brindamos a la ciudadanía una medida de protección más razonable contra el COVID-19», señaló.
Por otro lado, la también presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, anunció la radicación de la Resolución de la Cámara 522 para investigar la denegatoria de servicios médicos a pacientes no vacunados contra la covid-19.
«De ser aprobada mi Resolución, esta ordenaría a la Comisión de Salud investigar la denegatoria de servicios que varios ciudadanos han alegado que sufrieron», dijo.
