Proyecto legislativo sugiere eliminar contratos de seguridad privada para reasignar fondos a los municipios
SAN JUAN, Puerto Rico – Una medida legislativa que busca ampliar el alcance de la Policía Municipal a las instalaciones de transporte público provocó reacciones mixtas entre las organizaciones que agrupan a los alcaldes del país. La propuesta, discutida en vista pública por la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, sugiere reasignar los fondos que actualmente se utilizan para seguridad privada a fin de fortalecer el patrullaje municipal.
La iniciativa, impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón y presentada como el Proyecto de la Cámara 371, permitiría que los municipios asuman el control de la seguridad en espacios como el Tren Urbano mediante convenios con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI). Según el presidente de la comisión, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, la propuesta no pretende alterar la autonomía municipal. “La medida no busca alterar ningún orden constitucional establecido en los municipios ni darles órdenes o directrices a los alcaldes de cómo lo van a hacer”, afirmó.
La Federación de Alcaldes —que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP)— endosó la medida, señalando que reforzar la seguridad en áreas con alto flujo de pasajeros es necesario. Su director ejecutivo, Ángel Morales, destacó que la mayoría de los alcaldes con infraestructura de transporte o alta actividad turística han discutido el proyecto y lo ven con buenos ojos. “La Federación está de acuerdo que la partida que se utilizaba para la seguridad privada se utilice para crear un tipo de colaboración con el municipio”, puntualizó.
Por el contrario, la Asociación de Alcaldes —que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD)— rechazó el proyecto. En un memorial explicativo, argumentó que la Policía Municipal ya posee jurisdicción sobre áreas de transporte público bajo el Código Municipal, y que la medida no incluye el financiamiento suficiente ni aclara si la responsabilidad policial se limitaría al horario operativo del sistema de transporte.
Mientras tanto, la Asociación de Comisionados de la Policía Municipal se excusó de participar en la audiencia, pero sometió una ponencia escrita en la que los comisionados de San Juan, Bayamón y Guaynabo se mostraron dispuestos a colaborar con la ATI. En el caso de San Juan, ya se ha implementado un modelo de vigilancia bajo ordenanza municipal, lo que ha permitido invertir en equipo, adiestramiento y mejores condiciones laborales.
La ATI respaldó la medida y propuso que los agentes puedan operar a lo largo de toda la red del Tren Urbano, sin importar a qué municipio pertenezcan. Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública también favoreció el proyecto y reiteró la disponibilidad del Negociado de la Policía para cooperar en su implementación.
En la audiencia estuvieron presentes los representantes Nellie Lebrón y Jorge Navarro, quienes escucharon las ponencias y objeciones presentadas en torno a este esfuerzo legislativo por transformar la seguridad en el transporte público.
