San Juan (EFEUSA) – El legislador José González, del gobernante Partido Nuevo Progresista, anunció hoy que el martes radicará un proyecto de ley, cuyo objetivo será otorgar una amnistía en el pago de multas en las licencias de sobre 200,000 conductores debido a que éstos no cuentan con el dinero para pagarlas.
«Desde hace más de un mes venimos trabajando el asunto de cómo ayudar a nuestro pueblo, a nuestros conductores que sabemos que no son ajenos a la crisis económica que heredamos», sostuvo González, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, en un comunicado de prensa.
«Una de las alternativas que hemos sugerido es la otorgación de un período de amnistía en el pago de multas administrativas relacionadas a la Ley 22, mejor conocida como la Ley de Transito de PuertoRico», agregó.
González explicó que la excepción será únicamente a los conductores de vehículos individuales que, por multiplicidad de razones, no han podido colocarse al día con el pago de estas infracciones y necesitan utilizar su vehículo de motor para diversos motivos.
Los detalles de la medida, su alcance y capacidad de recaudaciones serán presentados por González el martes.
«El proyecto se encuentra listo y lo vamos a presentar mañana temprano. El pueblo tendrá una oportunidad de observar el detalle del mismo, cómo se hizo y su alcance. Sí les puedo adelantar que es una medida de justicia social y una fiscalmente responsable», afirmó.
González añadió que Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes ha estado trabajando sobre la medida hace más de un mes.
Y, durante ese tiempo, ha recibido datos de la Directoría de Servicios al Conductor, que apuntan a que unos 352,274 conductores transitan las vías de tránsito con su licencia vencida debido, mayormente, a que no tienen los recursos económicos para sufragar el pago de las multas administrativas.
«Estamos bien consientes de la problemática y lo que buscamos es una ayuda», afirmó.
Desmintió además los rumores de que la medida tendrá un impacto fiscal negativo y que por tal razón la Junta de Supervisión Fiscal no aprobará la iniciativa.
«Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los 352,000 conductores, que de hecho, sabemos que son mucho más, no podrán pagar esas multas durante los próximos años. Bajo nuestra propuesta, muchos sí podrán sufragar un parte, lo que representa dinero nuevo al fisco, recursos que no contábamos con ellos», puntualizó.
