Cómo la Junta Fiscal expuso los límites estructurales del modelo colonial y la urgencia de un proyecto soberano
Por Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
Cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA en 2016, la presentó como el remedio indispensable para corregir la crisis fiscal de Puerto Rico. El discurso oficial afirmaba que la Junta de Supervisión Fiscal devolvería disciplina presupuestaria, renegociaría la deuda y encaminaría a la Isla hacia un futuro de estabilidad económica.
Nueve años después, la realidad es otra. PROMESA profundizó la crisis, acentuó la desigualdad, debilitó las instituciones públicas y expuso, con brutal claridad, el agotamiento histórico del régimen colonial. No fue una solución. Fue la confirmación de que la colonia ya no se sostiene.
Colonialismo, Casos Insulares y poder federal absoluto PROMESA no puede analizarse fuera del marco colonial que define la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico desde 1898. La Cláusula Territorial, reforzada por los Casos Insulares, mantiene a Puerto Rico como un territorio subordinado, donde el Congreso posee poder absoluto y el pueblo carece de soberanía.
Esa estructura política explica por qué el país no tiene control real sobre sus decisiones económicas, fiscales o de desarrollo. El Estado Libre Asociado nunca fue un pacto bilateral. Fue una narrativa política diseñada para ocultar la continuidad del dominio congresional. Los Casos Insulares, decididos entre 1901 y 1922, crearon la doctrina del “territorio no incorporado”, una ficción legal que permite a Estados Unidos ejercer soberanía sin conceder derechos plenos a la población.
Bajo esa doctrina, Puerto Rico “pertenece a, pero no forma parte de” Estados Unidos. Esto justifica el trato desigual, la exclusión de programas federales, la ausencia de representación efectiva y la subordinación total al Congreso. Su efecto no es histórico únicamente. Es actual y determinante. Cada vez que el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de corregir esta doctrina —como en Sánchez Valle, Aurelius y Vaello Madero— la ha reafirmado. Por eso los Casos Insulares no son un residuo del pasado.
Son el fundamento vivo del régimen colonial contemporáneo y sostienen estructuras como la Junta de Supervisión Fiscal, que solo pueden existir en un territorio desprovisto de soberanía.
La jurisprudencia reciente: un colonialismo reafirmado
Durante la última década, el Tribunal Supremo federal no solo ha mantenido el poder colonial del Congreso sobre Puerto Rico. Lo ha profundizado sin ambigüedades. En Puerto Rico v. Sánchez Valle (2016) el Tribunal afirmó que la fuente última de soberanía en
Puerto Rico sigue siendo el Congreso. En Financial Oversight and Management Board v. Aurelius (2020) sostuvo que los miembros de la Junta no son “oficiales federales” para fines de la Cláusula de Nombramientos, sino funcionarios de un gobierno territorial que existe
únicamente por delegación del Congreso.
En United States v. Vaello Madero (2022) el Supremo fue aún más claro. Sostuvo que el Congreso puede excluir a los residentes de Puerto Rico de programas federales esenciales como el Seguro Social Suplementario, aunque esa exclusión afecte gravemente a personas vulnerables y constituya un trato desigual dentro de la ciudadanía estadounidense. El mensaje es inequívoco: el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico porque Puerto Rico es un territorio.
A ello se añade el caso Centro de Periodismo Investigativo v. Junta de Supervisión Fiscal (2023), en el cual el Tribunal Supremo resolvió que la Junta goza de inmunidad soberana frente a reclamaciones que buscan transparencia y acceso a la información pública. La institución que controla las finanzas del país quedó blindada de tener que rendir cuentas, aun cuando sus decisiones afectan directamente la vida y el futuro del pueblo.
Esa inmunidad, combinada con la doctrina reafirmada en Aurelius, convirtió a la Junta en un organismo prácticamente intocable. El Tribunal de Título III y el Primer Circuito, alineados con esta lógica, han desestimado sistemáticamente los casos que cuestionan la constitucionalidad de sus actos, ya sea por falta de standing, por supuesta “no justiciabilidad” o por una lectura extremadamente amplia de los poderes e inmunidades de PROMESA.
La conclusión es clara. Los tribunales federales han cerrado la puerta a cualquier vía judicial eficaz para limitar o revertir el poder de la Junta. Han consolidado el tutelaje colonial como parte estructural del régimen fiscal impuesto a Puerto Rico.
El modelo económico agotado y la crisis como pretexto
Durante décadas, Puerto Rico operó bajo un modelo económico fundamentado en incentivos federales, intervención externa y dependencia estructural. Ese sistema funcionó mientras existían mecanismos artificiales —como la sección 936— que subsidiaban indirectamente la actividad económica en la Isla.
Su eliminación en 2006 reveló la fragilidad de un modelo incapaz de sostenerse sin esos incentivos. El resultado fue una recesión prolongada, pérdida masiva de empleos, contracción económica y migración a gran escala. La deuda pública se convirtió entonces en el mecanismo para posponer el colapso. Pero ese endeudamiento excesivo no puede separarse de las decisiones federales que restringieron la
capacidad económica de Puerto Rico ni de un sistema colonial que impide al país diseñar su propio proyecto de desarrollo.
En ese contexto, PROMESA no fue un plan de rescate. Fue la administración colonial de un fracaso estructural político y económico.
La imposición de PROMESA: un régimen de control financiero
Cuando Puerto Rico perdió acceso a los mercados, el Congreso actuó rápidamente para imponer un régimen de control fiscal directo. No hubo consulta pública ni análisis participativo. La legislación fue diseñada por el Tesoro federal, fondos buitres y consultores financieros cuyo objetivo principal era asegurar el cobro de la deuda.
La crisis se convirtió en una oportunidad para intensificar el control colonial y proteger a los acreedores. PROMESA no fue una invitación al diálogo democrático. Fue una imposición unilateral que ignoró por completo la voz del pueblo y colocó a Puerto Rico bajo la supervisión
de un organismo que responde a intereses externos.
La Ley PROMESA constituye uno de los ejercicios más agresivos de poder federal sobre un territorio estadounidense en tiempos contemporáneos. La Junta de Supervisión Fiscal posee autoridad para imponer planes fiscales, vetar leyes, modificar presupuestos, ordenar reformas estructurales y dirigir la estrategia de negociación de la deuda.
La decisión del Tribunal Supremo federal que afirma que la Junta es un componente del “gobierno de Puerto Rico” no se sostiene en la realidad política. Es una ficción jurídica utilizada para justificar un sistema antidemocrático en donde siete personas no electas controlan el destino de un país.
Este mecanismo revive la lógica tutelar de principios del siglo XX. Un ente no electo, dirigido desde Washington, gobierna por encima del pueblo. PROMESA, en esencia, es la reedición moderna de la Ley Foraker bajo el régimen de los Casos Insulares.
La Junta, el Título VII y el laboratorio neoliberal
A pesar de haberse presentado como un cuerpo de expertos, la Junta ha operado con una dependencia desmedida en consultores externos. Sus honorarios ya superan los $2,000 millones desde 2017 hasta el primer trimestre de 2024, según un informe de Espacios Abiertos,
que estima $1,702 millones en gastos vinculados a los casos del Título III y $308 millones en consultores fuera del proceso de quiebra.
Investigaciones del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) documentan que muchas firmas de consultoría cobraban tarifas superiores a $1,200 por hora y que solo alrededor de un 3% de los contratos se adjudicó a firmas puertorriqueñas.
Este gasto desproporcionado, lejos de mejorar el rigor técnico de la Junta, revela una estructura que privilegia la industria de la reestructuración por encima de las necesidades fiscales y sociales del pueblo.
Lejos de ser una institución técnica, la Junta ha demostrado ser un ente profundamente político. Su actuación responde a un proyecto neoliberal habilitado explícitamente por el Título VII de PROMESA, que la faculta a imponer “reformas estructurales” permanentes que faciliten el libre flujo de capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Ese título otorga a la Junta poder para intervenir en legislación laboral, políticas de inversión pública, estructura gubernamental y modelos de prestación de servicios esenciales. La convierte en un vehículo institucional de la ortodoxia neoliberal: reducción del Estado, privatización de servicios, flexibilización laboral y subordinación total del gasto social a la disciplina fiscal.
No se trata de torpeza técnica. Es un patrón coherente con la ideología económica que PROMESA incorpora como diseño central. Por eso la Junta ha impulsado privatizaciones fallidas como la de LUMA y Genera, ha bloqueado leyes laborales protectoras, ha recortado agresivamente la Universidad de Puerto Rico y ha debilitado servicios esenciales para privilegiar el pago a acreedores y la reconfiguración del Estado según criterios de “eficiencia” divorciados de la realidad social del país.
En la práctica, el Título VII convierte a la Junta en el brazo ejecutor de un laboratorio neoliberal que solo puede imponerse porque Puerto Rico es un territorio sin soberanía. Aquí no existe la capacidad democrática para rechazar políticas que nunca pasarían el escrutinio del voto. La Junta no es técnica porque PROMESA no es técnica: es un proyecto político que utiliza la crisis fiscal como excusa para reordenar el país según intereses externos.
Austeridad, derechos humanos y empobrecimiento permanente
Los planes fiscales impuestos por la Junta han instaurado un régimen de austeridad que ha reducido los recursos de la Universidad de Puerto Rico, debilitado el sistema de educación pública, comprometido los servicios de salud y precarizado las condiciones laborales del país.
Este enfoque no ha generado crecimiento económico. Lo ha reprimido. La austeridad ha expulsado a decenas de miles de puertorriqueños, ha profundizado la desigualdad y ha deteriorado instituciones esenciales para cualquier modelo de desarrollo sostenible. PROMESA
convirtió la austeridad en doctrina. Ese ha sido uno de los daños más severos.
Desde el derecho internacional, PROMESA viola el principio de libre determinación al imponer un ente no electo con autoridad sobre decisiones vitales del país. Asimismo, la austeridad ha afectado gravemente derechos económicos y sociales como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social.
El trato que recibe Puerto Rico reproduce desigualdades raciales y económicas que colocan al país en una posición inferior frente a los estados. El impacto humano de la ley es innegable.
Constituye un retroceso histórico en la protección de derechos básicos reconocidos por la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por sus resoluciones interpretativas.
Reestructuraciones insuficientes y riesgo de una nueva quiebra
Las reestructuraciones de deuda bajo la tutela de la Junta han sido, en el mejor de los casos, parciales y limitadas en su efecto real. El organismo informa haber reducido significativamente la deuda financiera del país, bajando pasivos de más de $70,000 millones a
aproximadamente $37,000 millones.
Sin embargo, informes independientes advierten que los recortes operativos y la liberación de recursos han sido demasiado modestos ante la magnitud de la crisis estructural. Espacios Abiertos señala que los últimos planes fiscales proyectan la reaparición de un déficit estructural tan pronto como el año 2028. Esa advertencia confirma que la supuesta “salida” de la quiebra no equivale a un saneamiento
sostenible, sino a una pausa temporal. Mientras persistan los desequilibrios fiscales, y en ausencia de un crecimiento económico robusto, el riesgo de una segunda crisis o “re-quiebra” permanece latente.
La reparación de la deuda no ha sido acompañada de un plan eficaz de desarrollo que modifique la base estructural de ingresos y gastos del gobierno.
Cualquier avance nominal se convierte en mera ilusión si no se atiende la raíz del problema. Aun bajo la narrativa oficial de que el Plan de Ajuste de 2022 representó un “gran alivio” para Puerto Rico, las cifras demuestran lo contrario. El servicio anual total de la deuda del gobierno central asciende a aproximadamente $4,350 millones de dólares. Esa suma incluye $1,150 millones anuales para los bonistas, $2,200 millones para el pago directo a los pensionados —al tratarlos como acreedores en vez de financiar adecuadamente el sistema de retiro— y $1,000 millones destinados al fideicomiso de pensiones.
Cuando estas obligaciones se comparan con el presupuesto anual promedio del gobierno central, que ronda entre $11,000 y $12,000 millones, queda claro que más de una tercera parte del gasto público disponible queda automáticamente comprometida para atender deudas pasadas. Es dinero que no va a servicios esenciales ni a proyectos de desarrollo económico.
El supuesto “alivio” es, en realidad, una camisa de fuerza fiscal. La Junta prefirió reclasificar a los pensionados como acreedores, inflando artificialmente el tamaño de la reestructuración, en vez de cumplir con la obligación que impone la propia PROMESA de asegurar un
financiamiento adecuado y sostenible de los sistemas de retiro. El resultado es un esquema en el que el país dedica una porción exorbitante de su presupuesto a pagar deuda, mientras carece de los recursos necesarios para atender las necesidades urgentes de su población.
AEE, LUMA, Genera: el laboratorio del desastre energético
El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica es el ejemplo más devastador del fracaso de PROMESA y del colapso del régimen colonial. Tras décadas de abandono político y de decisiones gerenciales erradas, la intervención de la Junta no trajo planificación estratégica ni
una política energética moderna.
Lo que produjo fue una privatización improvisada que entregó la transmisión y distribución a LUMA Energy y la operación de las plantas a Genera PR. Ambos contratos se aprobaron sin un marco de rendimiento exigente, sin métricas de servicio vinculadas a penalidades significativas y sin una rendición de cuentas efectiva.
El resultado es un sistema más caro, más inestable y vulnerable que antes. Los apagones son constantes porque la red no ha sido modernizada. Las tarifas continúan en ascenso, aun cuando el costo del combustible ha fluctuado a la baja en distintos periodos. La confiabilidad del servicio sigue entre las peores jurisdicciones bajo la bandera estadounidense.
Mientras tanto, LUMA y Genera operan bajo contratos que les garantizan ingresos multimillonarios independientemente de su desempeño real. Se ha creado un incentivo perverso donde el lucro privado está desligado de la calidad del servicio. A esta crisis se suma un elemento aún más grave y menos discutido. LUMA Energy no ha cumplido con obligaciones contractuales esenciales relacionadas con la recaudación eficiente de los ingresos mediante la factura eléctrica ni con la tramitación oportuna de los reembolsos de
FEMA. Ese incumplimiento ha provocado un déficit operativo crónico dentro del propio sistema privatizado.
Es lo que he denominado “la quiebra dentro de la quiebra”: un colapso financiero adicional, generado no por la insolvencia heredada de la antigua AEE, sino por la incapacidad del privatizador para manejar adecuadamente el flujo de caja diario. Como consecuencia directa,
LUMA ha acudido repetidamente al Negociado de Energía para solicitar aumentos tarifarios insostenibles que trasladan al consumidor el costo de su mala administración.
Esos aumentos —como ha advertido el economista Dr. Ramón Cao— no resuelven la crisis, la agravan. Cada incremento tarifario reduce la demanda, expulsa abonados hacia sistemas alternos, acelera la desconexión de la red y disminuye los ingresos disponibles para operar el sistema. Se genera así un ciclo de colapso conocido como “death spiral”.
En ese escenario, la privatización no solo ha degradado la confiabilidad del servicio. Amenaza con destruir la viabilidad económica misma del sistema eléctrico, empujando a Puerto Rico hacia un abismo energético sin precedentes.
A nivel fiscal, la situación no es mejor. La deuda propuesta para la AEE es impagable. Imponer cargos adicionales sobre una población ya empobrecida no resolverá la insolvencia estructural de una corporación pública destruida por décadas de politización y por un modelo energético obsoleto, dependiente del petróleo y sin inversión sostenida en renovables.
La Junta, en vez de liderar una reestructuración responsable y alineada con las necesidades de un sistema resiliente, ha impulsado acuerdos diseñados para satisfacer primero a ciertos acreedores. Lo hace sin considerar la capacidad real de pago de los abonados ni la situación de emergencia energética que vive el país.
Esta visión fragmentada, que prioriza la contabilidad sobre la ingeniería, ha dejado a Puerto Rico atrapado en un círculo vicioso: un sistema energético colapsado que no puede atraer inversión, una economía paralizada por la inestabilidad del servicio y una población obligada a subsidiar un modelo que solo beneficia a operadores privados y consultores de la Junta.
La Junta no se irá sola
Uno de los temas más engañosos del discurso oficial sobre PROMESA es la supuesta “salida natural” de la Junta cuando se cumplan los criterios establecidos en la ley. PROMESA habla de “cuatro presupuestos balanceados consecutivos” y de “acceso sostenible a los mercados de capital”.
Sin embargo, esa terminología es tan ambigua y manipulable que convierte la permanencia de la Junta en una decisión discrecional del propio organismo. La Junta certifica los planes fiscales, determina si hay balance, define qué significa “sostenibilidad” y establece si la confianza de los mercados se ha recuperado. En otras palabras, se evalúa a sí misma, con criterios que ella misma interpreta, sin obligación de someterse a un examen independiente.
En ese escenario, la “transitoriedad” de la Junta no es más que un recurso retórico para justificar su instalación. En la práctica, la ley la convirtió en un tutelaje de duración indefinida. Esa ambigüedad estructural, combinada con el interés político del Congreso y del Tesoro en mantener un mecanismo de control colonial sobre las finanzas del país, lleva a una conclusión inevitable: la Junta no se va a ir por su propia voluntad ni como resultado automático del cumplimiento de criterios vagos.
La Junta permanece mientras le sea útil al gobierno federal y mientras sirva para mantener el orden colonial y garantizar el cobro de intereses económicos externos. La idea de que PROMESA contiene una salida clara y objetiva es sencillamente falsa. Por eso sostengo que a la Junta no se la convence: se la saca. Y eso requiere presión política, movilización social, ejercicio afirmado de soberanía y un proyecto de país que confronte directamente el colonialismo fiscal. Puerto Rico no puede esperar pasivamente a que la Junta decida retirarse. Debe articular un movimiento político e institucional que la desplace.
El callejón sin salida del ELA, la estadidad y el militarismo
PROMESA demostró que el régimen territorial llegó a su límite histórico. El Estado Libre Asociado no posee instrumentos para crear desarrollo económico, defender las instituciones del país, manejar crisis fiscales o influir en la política federal. Las propuestas de “mejoras” o “modernizaciones” son ejercicios retóricos sin viabilidad jurídica ni política.
Por otro lado, la estadidad, constantemente presentada como alternativa, enfrenta una oposición firme dentro del Partido Republicano. Como ha denunciado públicamente Plan B: Independencia, la facción estadista local, consciente de ese rechazo, ha comenzado a promover un discurso de militarización como especie de salvoconducto político ante Washington.
Bajo esa narrativa, se intenta presentar a Puerto Rico como un bastión militar estratégico que justificaría la estadidad o, al menos, impediría el cierre definitivo de la puerta federal. Ese argumento —que vincula obras de infraestructura, expansión militar encubierta y alineamiento geopolítico— no tiene nada que ver con el desarrollo económico del país. Tiene todo que ver con un intento desesperado de evitar aceptar la realidad: la estadidad no tiene futuro porque el Partido Republicano no la quiere.
Este giro hacia el militarismo no solo es peligroso. Es la confirmación final de que la colonia no tiene alternativas. Ningún partido colonial ha podido articular un modelo de desarrollo creíble dentro del territorialismo porque el colonialismo, por definición, imposibilita el autogobierno.
Mientras tanto, la prensa dominante evita discutir este colapso estructural. Se refugia en la cobertura superficial de la política cotidiana y bloquea —o ignora— la conversación seria que Puerto Rico necesita tener sobre su futuro.
Hacia la soberanía
Todo este cuadro apunta en una sola dirección: Puerto Rico no puede prosperar dentro de un régimen colonial. Un país sin control sobre su economía, su política laboral, su energía, su presupuesto, su comercio ni su política exterior está impedido de diseñar un proyecto de
desarrollo real.
PROMESA no fue el error. Fue el síntoma final del agotamiento histórico del territorialismo. La única salida viable es la soberanía plena, ya sea mediante la independencia o la libre asociación. Solo así el país podría ejercer control sobre los instrumentos esenciales de desarrollo y superar el “súper-coloniaje” impuesto por PROMESA.
PROMESA no resolvió la crisis. La profundizó. No devolvió la confianza. La destruyó. No modernizó al país. Lo empobreció.
Pero, paradójicamente, dejó un regalo involuntario: demostró que la colonia es impracticable, que el Estado Libre Asociado está agotado, que la estadidad está bloqueada y que el militarismo no es más que el último recurso discursivo de un movimiento sin futuro. La conversación que Puerto Rico necesita no es cómo operar dentro de PROMESA ni cómo administrar la cotidianidad colonial. Es cómo salir de ella. No es cómo ajustar el colonialismo, sino cómo superarlo.
Es hora de discutir seriamente la descolonización y la independencia, porque la alternativa es
seguir atrapados en un sistema que ya colapsó ante nuestros ojos.
