Proyecto del Senado busca redirigir el control tecnológico del gobierno hacia la Asamblea Legislativa, aumentando la politización del proceso de contratación
Las escaramuzas públicas de la última semana de septiembre sobre el tema de la tecnología gubernamental y la oficina de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) continúan haciendo titulares en las noticias del país.
Ahora, la presión mediática y política viene en la forma de un proyecto de ley del Senado (PS0746) que busca enmendar la ley orgánica de PRITS para añadir, entre otras cosas, una nueva manera de otorgar contratos de tecnología en el Gobierno de Puerto Rico. El proyecto es la respuesta del Senado a las expresiones de la gobernadora Jenniffer González Colón sobre querer convertir nuevamente a PRITS en un mero apéndice de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tal y como detallamos en nuestro anterior escrito para Ey Boricua: “Eliminar a PRITS es condenar el futuro digital del país”.
El proyecto legislativo demuestra las capacidades del PNP para atender los problemas que más le apremian a sus intereses financieros y a los del círculo de cuponeros millonarios tecnológicos que los rodean. En síntesis, el proyecto pretende crear la Junta Adjudicativa de Tecnología (Junta) dentro de PRITS, la cual tendría el derecho exclusivo de determinar a qué compañía o contratista se le otorgará cualquier contrato que esté en competencia.
La Junta estaría compuesta por tres (3) miembros: uno nombrado por el Senado, uno por la Cámara de Representantes y uno por el gobernador o la gobernadora. El miembro nombrado por la gobernadora estaría sujeto al consejo y consentimiento del Senado para poder ocupar su nombramiento. Adicionalmente, el proyecto extendería el término del director de PRITS a un nombramiento de diez (10) años.
Podemos ver en blanco y negro que las intenciones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, son copar el control de la contratación tecnológica a favor de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, dando prueba fehaciente de la guerra por los contratos tecnológicos que perdura en la administración de Jenniffer González Colón.
De aprobarse este proyecto y la gobernadora convertirlo en ley, esta tendría que nombrar a dos (2) personas con el consentimiento del Senado, cuando actualmente no puede lograr la confirmación de una sola persona para la silla de PRITS. Aunque tal vez tenga mejor suerte en los nombramientos, dado que la mayoría del control contratológico caería en manos de los designados de la Asamblea Legislativa, trastocando así la separación de poderes.
Los designados deben contar, entre otras cosas, con un grado de maestría en administración pública, derecho, tecnología, innovación, ingeniería, ciencias o áreas relacionadas, y tener no menos de cinco (5) años de experiencia profesional en esas materias. Adicionalmente, el nominado por la gobernadora tendría que tener dos (2) años continuos de experiencia realizando trabajo técnico o estratégico en tecnologías emergentes, lo cual lo coloca en desventaja frente a los otros dos (2) miembros que podrían ser abogados de toda la vida sin experiencia en tecnología alguna.
De hecho, esta Junta ni siquiera será la encargada de realizar las investigaciones técnicas sobre las propuestas que lleguen a PRITS. Esta función recaerá en otro grupo de funcionarios llamado el Comité Técnico Evaluador. Este comité tendrá la tarea de desarrollar análisis técnicos de los proyectos y evaluar cómo estos afectan la visión tecnológica a nivel micro y macro en el gobierno.
No es un trabajo simple ni libre de complicaciones, lo que convierte en un grave error de administración pública el no obligar a la Junta a basar sus decisiones en los informes de dicho comité. Según la ley propuesta, la Junta no estaría obligada a considerar lo que diga el Comité Técnico sobre las propuestas y podría incluso aprobar la que peor calificación obtenga. Esto termina por crear un sello de goma legislativo para proyectos claves de innovación gubernamental, duplicando el gasto administrativo en el proceso.
Para devolverle la confianza al pueblo de Puerto Rico en su tecnología, es necesario añadir participación ciudadana en este proceso. Una Junta compuesta por académicos y programadores de software, de manera voluntaria, sujetos a la Ley de Ética Gubernamental y operando con transparencia, podría encargarse de esos análisis tecnológicos. Facultados por la tecnología, estos calificarían las propuestas en un proceso abierto y libre de ataduras políticas.
Esto liberaría al director de PRITS de invertir tanto tiempo en el análisis de propuestas y le permitiría enfocarse en desarrollar la visión tecnológica gubernamental para los ciudadanos de Puerto Rico. Los análisis de esta nueva Junta combinarían el poder decisional y técnico en uno solo, introduciendo eficiencia al proceso de contratación sin sacrificar el rigor técnico.
El director de PRITS tendría el voto decisivo en caso de un tranque, junto con el poder de vetar propuestas que se aparten de la visión tecnológica gubernamental, como han hecho tantos pasados directores.
Puerto Rico se encuentra en una encrucijada tecnológica. Puede decidir entre tirar por el barranco décadas de desarrollo institucional que llevaron a la creación de PRITS y a la profesionalización de la tecnología en el gobierno, o exigir que la mejor tecnología esté al servicio del país y que esta permita una transformación social en la que todos y todas puedan participar plenamente del proceso político.
