Gabriella Boffelli aclara que la paralización sería limitada al DHS y que empleados esenciales continuarían en funciones
Washington, D.C. – La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) informó que la falta de un acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) provocará a la medianoche un cierre parcial que afectará únicamente a esa agencia federal.
La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, explicó que la medida no implica un cierre total del gobierno de Estados Unidos, sino una paralización específica del DHS ante la ausencia de legislación que garantice su financiamiento.
Según detalló, bajo el marco legal vigente —incluyendo disposiciones de la ley federal H.R. 1, conocida como el One Big Beautiful Bill, firmada el 4 de julio por el presidente Donald J. Trump— existen fondos que podrían utilizarse para cubrir gastos operacionales de algunos componentes del departamento.
Entre las dependencias que podrían continuar operando se encuentran el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También forman parte del DHS la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura (CISA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Boffelli enfatizó que los empleados considerados esenciales, especialmente aquellos vinculados a seguridad nacional y cumplimiento de ley y orden, continuarán trabajando. Además, indicó que FEMA cuenta con fondos suficientes para mantener sus operaciones de respuesta a emergencias.
La funcionaria sostuvo que un cierre «nunca es ideal» y expresó su expectativa de que el Congreso y la Casa Blanca logren un acuerdo que evite impactos mayores, incluyendo posibles retrasos en el pago de empleados federales.
Actualmente el Congreso se encuentra en receso hasta el lunes 23 de febrero. No obstante, el liderato legislativo ha señalado que, si se alcanza un acuerdo antes de esa fecha, los legisladores dispondrían de 48 horas para regresar a Washington y considerar la medida para su aprobación.
