San Juan, 10 de septiembre de 2021 (EFE) – Los presidentes de la Cámara y Senado, Rafael «Tatito» Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago, respectivamente, anunciaron este viernes sus firmas al Proyecto de la Cámara 338, que establece la Ley de Salario Mínimo en Puerto Rico.
Tras sus firmas, solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi que firme la medida.
«Reiteramos nuestro compromiso de hacerle justicia salarial a nuestros trabajadores y garantizarle mejores condiciones laborales a nuestro pueblo», dijo Hernández en un comunicado de prensa.
«Este es el resultado de un proceso constante de diálogo, de trabajo en equipo y de consenso para dar paso a una legislación que será de beneficio para el país», agregó.
El Proyecto, de la autoría del representante Héctor E. Ferrer, permite que el salario mínimo estatal en Puerto Rico prevalezca sobre el federal mientras sea mayor.
La legislación promulga un aumento a $8.50 la hora para el 1 de enero del año 2022, el 1 de julio de 2023 el aumento será a $9.50 la hora y para el 1 de julio de 2024 aumentará a $10.50 la hora, a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un decreto mandatorio variando el mismo.
Los aumentos aplicarán a todos los trabajadores cobijados bajo la Ley de Normas Razonables del Trabajo del 25 de junio de 1938, según enmendada, salvo contadas excepciones que se establecen en la presente ley, explicó Hernández Montañez.
«Este es un buen día para el país y un paso de avanzada para asegurarle a nuestros trabajadores y trabajadoras una compensación justa y adecuada por las labores que realizan a diario», afirmó.
«Del mismo modo, es la reafirmación de que, cuando se trabaja en unidad, se buscan puntos de encuentro y se fomenta la participación, logramos acuerdos que benefician a todos los puertorriqueños», agregó.
Asimismo, el proyecto crea la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, que estará adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Hernández Montañez explicó que la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo buscaría asegurar que la clase trabajadora reciba una compensación justa y adecuada por su trabajo, se retenga el talento laboral en la isla, motive a los trabajadores a incorporarse formalmente a la fuerza laboral y promueva la productividad y competitividad en todo Puerto Rico.
